En solo 25 meses de gestión, Milei concentra el 10% de las muertes estatales ocurridas desde 1983
Los informes sobre violencia institucional durante la gestión de Javier Milei, iniciada en 2023, revelan un aumento significativo en la represión estatal. El documento actualizado de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) a enero de 2026, arroja una cifra escalofriante: 10.181 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia, hace 43 años.
Este número no es sólo una estadística, sino la suma de décadas de casos de gatillo fácil, muertes en cárceles y represión en las cárceles. Pero el dato más alarmante surge de analizar la gestión del Gobierno: en solo 25 meses, se registraron 1056 muertes, lo que significa que el 10% de todos los casos desde 1983, ocurrieron en apenas dos años de gestión.
“Es el gobierno más represor desde 1983”, sentenció María del Carmen Verdú, fundadora de CORREPI. En diálogo con C5N, la referente advirtió sobre la profundidad del retroceso: “Sólo se pueden calificar estos dos años y pico como la instalación de un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”.
Esta violación a los derechos humanos se define como todo acto de fuerza desproporcionada, hostigamiento o vulneración de derechos, ejercido por agentes estatales. No se limita al gatillo fácil, sino al sistema que usa el aparato público para violentar a los ciudadanos en vez de protegerlos.
La conmemoración del 8 de Mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional no es una fecha casual, sino que representa un quiebre en la justicia democrática en Argentina. Ese día, pero en 1987, en la esquina de Figueredo y Guaminí (Lomas de Zamora), tres suboficiales de la Policía Bonaerense acribillaron a Agustín Olivera (19), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24), y se conoce como la «Masacre de Ingeniero Budge».
Los jóvenes estaban conversando y tomando una cerveza cuando los efectivos descargaron sus armas sobre ellos. En el año 2013, el Congreso sancionó la Ley 26.811, que establece el 8 de mayo como fecha oficial en el calendario escolar y civil.
Con casos emblemáticos, como el del fotógrafo Pablo Grillo y el jubilado Egidio Contreras (75 años) se evidencia la vía libre para el abuso de autoridad de las fuerzas de seguridad. Los dos hombres se encontraban en una marcha pacífica alrededor del Congreso, por la continuidad de la moratoria previsional, la entrega de los medicamentos sin cargo, y el aumento de haberes de emergencia.
Fueron víctimas del «Protocolo Antipiquetes» de la entonces ministra Patricia Bullrich: esta normativa del Ministerio de Seguridad llegó con la idea de «mantener el orden» en una Argentina marcada por la emergencia social, con indicadores de crisis comparables al estallido de diciembre de 2001.
En este marco del brutal ajuste, como el 2001, el fotoreportero fue herido con un disparo de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza por el cabo Héctor Jesús Guerrero. Fue el 12 de marzo de 2025. Tras un año de múltiples cirugías y prótesis craneales con complicaciones, el trabajador de prensa regresó a su casa en febrero de 2026.
A pesar del alta, continúa con tratamiento ambulatorio y enfrenta secuelas físicas y neurológicas de gravedad aún incierta. El martes pasado La jueza federal María Servini recibió un pedido formal para elevar a juicio oral la causa contra el gendarme por la tentativa de homicidio. La acusación incluye el cargo de abuso de armas agravado por otros cinco disparos efectuados ese mismo día.
En el caso del adulto mayor, fue abordado el 22 de octubre de 2025 por cuatro agentes de la Policía Federal, fue empujado violentamente al suelo, lo que le provocó una fractura grave en el húmero. Hasta ese momento, el hombre tenía asistencia perfecta al grupo de la marcha de los miércoles.
Si bien se intentó archivar la causa por «inexistencia del delito», el 5 de mayo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal (Sala II), indicó que es fundamental entender los límites del uso de la fuerza pública y el derecho a la protesta en el contexto actual. El caso se originó por una denuncia presentada por Adolfo Pérez Esquivel y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Ante la escalada de casos y la implementación de protocolos que vulneran garantías constitucionales, María del Carmen Verdú (fundadora de CORREPI) sostuvo que la principal herramienta de las víctimas es la organización. Enfatizó que hay que «ponerse en contacto con las organizaciones antirrepresivas de la zona». La activista insistió con C5N que «hay que pelearla colectivamente, dentro y fuera de los tribunales».
