El Gobierno admitió que usaron para mantener el superávit el dinero destinado a las rutas nacionales
La búsqueda del equilibrio fiscal por parte de la gestión de Milei abrió un nuevo foco de conflicto judicial y político. En las últimas horas, el vocero presidencial Adrián Ravier admitió que el Gobierno nacional redirigió más de un billón de pesos ($ 1.001.017.908.957) pertenecientes al Sistema Vial Integrado (Sisvial) hacia la cartera que conduce Luis Caputo.
El Sisvial es un fideicomiso que se nutre de una parte del impuesto a los combustibles y tiene como objetivo legal exclusivo la construcción y el mantenimiento de la red vial nacional. Sin embargo, de un total de 1,5 billones de pesos recaudados, sólo se habría ejecutado cerca de una cuarta parte para su fin original.
El resto, según reconoció Ravier en una entrevista con el Diario de La Pampa, fue dispuesto por el Ministerio de Economía para lograr el equilibrio fiscal ante la “situación muy compleja” heredada.
“El impuesto para las rutas no se gasta en las rutas, una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”
— TUGO News (@TugoNews) August 11, 2026
El vocero acaba de confesar que DESVÍAN FONDOS para mantener la MENTIRA del superavit,… pic.twitter.com/1nrX5gmD5R
La confesión oficial activó de inmediato la reacción de la oposición. La diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro Luis Caputo, autoridades de Vialidad Nacional y del Banco Nación. La legisladora acusa a los funcionarios de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad.
Según la denuncia, el dinero destinado a las rutas fue inmovilizado en instrumentos financieros, como plazos fijos en el Banco Nación y letras del Tesoro (Lecap y Lecer). Tolosa Paz denunció que el Gobierno priorizó montar una “mesa de dinero” mientras las obras viales permanecen paralizadas y los caminos exhiben un “deterioro calamitoso”.
El impacto del desvío de fondos ya tiene consecuencias en los tribunales federales. El 31 de julio, el Juzgado Federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo presentado por la senadora santafesina Leticia Di Gregorio ante el estado “crítico e intransitable” de las Rutas Nacionales 33, 8 y 7.
En su resolución, el juez Aurelio Cuello Murúa fue tajante: determinó que la falta de mantenimiento no se debe a la falta de recursos, sino a una “omisión deliberada” de las autorizaciones presupuestarias por parte de Economía y la Secretaría de Transporte. En consecuencia, ordenó la reparación “inmediata y urgente” de dichas arterias.
Desde el ámbito municipal, las críticas también se hicieron oír. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, cuestionó la discrecionalidad en el manejo de los fondos y señaló que a la provincia de La Pampa sólo llegó el 0,05% de lo recaudado, ubicándola en el último lugar del ranking nacional de fondos recibidos.
“El impuesto para las rutas no se gasta en las rutas, se invierte en plazos fijos y títulos para sostener el ‘equilibrio fiscal'”, fustigó el jefe comunal.
