Después de una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada, el Senado aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto consiguió 42 votos a favor y 21 en contra, y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa modifica aspectos centrales de la norma vigente desde 2010, especialmente los criterios para las internaciones involuntarias, la composición de los equipos profesionales y el abordaje de las adicciones.
Uno de los cambios más sensibles es la modificación del criterio para disponer una internación involuntaria. La ley actual exige que exista un riesgo cierto e inminente para la persona o terceros. El nuevo texto establece como condición un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física, y plantea que la evaluación tenga en cuenta no solamente la situación del momento, sino también antecedentes y posibles consecuencias de no intervenir.
La reforma también modifica quiénes pueden intervenir en esas decisiones. La evaluación deberá contar con la participación de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional, con participación de psicólogos. Además, se habilitan teleconsultas para cubrir la falta de especialistas en determinadas jurisdicciones.
Otro punto de discusión fue el financiamiento. Varios senadores advirtieron que no alcanza con modificar la ley si las provincias no cuentan con recursos para sostener los dispositivos de atención, los equipos profesionales y los centros comunitarios. El oficialismo tuvo que aceptar cambios para reforzar el compromiso de cooperación técnica y económica de la Nación con las provincias, aunque la aplicación dependerá de los convenios y los fondos disponibles.
El texto incorpora también la ludopatía dentro de las adicciones, contempla directivas anticipadas para que las personas puedan expresar qué tratamientos aceptan o rechazan y establece que las internaciones que superen los 180 días serán consideradas prolongadas. En paralelo, mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y el principio de que la internación debe ser una medida excepcional.
Durante el debate, la oposición cuestionó que el Gobierno pretenda modificar el sistema sin garantizar previamente los recursos necesarios. El senador Gerardo Zamora advirtió sobre la falta de partidas para que las provincias puedan cumplir con las nuevas obligaciones. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la reforma y sostuvo que busca dar herramientas para intervenir a tiempo ante situaciones de riesgo.
La votación dejó en evidencia que el Gobierno necesitó negociar hasta último momento para reunir los apoyos. Las modificaciones aceptadas por Bullrich permitieron destrabar diferencias sobre el financiamiento y el rol de los psicólogos. La discusión ahora se traslada a Diputados, donde se definirá si los cambios impulsados por Milei se convierten en ley.