Caputo habilitó un tarifazo del 100% en peajes de rutas que privatizó hace apenas tres meses
El Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar bajo sospecha por la forma en que lleva adelante las privatizaciones. Luis Caputo autorizó aumentos de hasta el 100% en los peajes de rutas nacionales que fueron entregadas a concesionarios privados hace apenas tres meses. La secuencia despierta interrogantes: el Estado transfiere la explotación de las rutas y, poco después, las empresas reciben luz verde para duplicar lo que cobran a los usuarios.
El aumento impacta en las estaciones de Hinojo, sobre la ruta nacional 226, y Uribelarrea, en la ruta 205. Para autos y camionetas, la tarifa con TelePASE pasó de $1.787,10 a $3.608,24. Es la segunda actualización desde que Corresur tomó el control de los corredores: a una semana del traspaso ya había aplicado una suba cercana al 20%.
¿Por qué no se actualizaron las tarifas antes de entregar las concesiones? La pregunta es inevitable. Si los peajes hubieran tenido valores más altos antes de la privatización, el Estado habría podido percibir mayores ingresos durante la gestión pública y, además, ofrecer concesiones con una capacidad de recaudación superior. En cambio, las empresas privadas acceden al negocio y, a los pocos meses, obtienen autorización para incrementar fuertemente sus ingresos.
La explicación oficial y de la concesionaria es que el nuevo tarifazo se habilitó después de completar las llamadas “obras iniciales de puesta en valor”, cuya ejecución fue verificada por Vialidad Nacional. Sin embargo, el pliego contempla para esta primera etapa trabajos de mantenimiento y obras puntuales: reparación de luminarias y semáforos, una pasarela peatonal en Sierra de los Padres y una colectora de un kilómetro en la ruta 226, entre otras intervenciones.
Corresur está integrada por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco y se quedó con la concesión de las rutas 3, 205, 226 y la autopista Ricchieri. El contrato le permite explotar esos corredores durante 20 años. La secuencia también incluye un dato que no es menor: antes del traspaso, la estatal Corredores Viales avanzó con despidos masivos de trabajadores de los peajes.
El caso recuerda a las sospechas que despertó la operación de AySA: primero se concreta la transferencia al sector privado y después llegan aumentos que podrían haber fortalecido los ingresos del Estado si se hubieran aplicado antes. No se trata solamente de discutir cuánto cuesta viajar por una ruta, sino de quién se queda con el valor de los activos públicos y en qué condiciones se los entrega.
Una vez más, el Gobierno presenta la privatización como una solución de eficiencia, pero la secuencia deja preguntas incómodas: ¿se está protegiendo el patrimonio estatal o se están creando condiciones cada vez más rentables para los concesionarios privados? Por ahora, los usuarios ya tienen una respuesta concreta: pagan hasta el doble por circular.
