El impacto de la dictadura en la industria nacional y en la economía
El último golpe de Estado cívico-militar del país, perpetrado el 24 de marzo de 1976, no sólo marcó el inicio del período más sangriento de la historia argentina, con el secuestro, la tortura y la desaparición de personas institucionalizados como política de Estado, sino que también inauguró una nueva estructura económica y social, impuesta a través de la represión ilegal y clandestina. El nombramiento de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía fue el vehículo para instaurar un nuevo patrón de acumulación basado en la valorización financiera, desplazando a la industria del centro de la economía.
El desarrollo de una política económica de corte neoliberal constituyó el intento más profundo de transformación regresiva y concentradora de la estructura productiva del país. Barrió con la matriz de industrialización por sustitución de importaciones, motor del desarrollo inaugurado en la década del ’30 y sostenido por el peronismo y el desarrollismo -e incluso por dictaduras como la de Juan Carlos Onganía-, que había generado empleo y valor agregado. Bajo la premisa de que el Estado intervencionista era responsable del “desorden”, la dictadura buscó disciplinar a la sociedad a través del mercado y la represión.
La apertura comercial indiscriminada, la eliminación de protecciones a la producción local, la desregulación financiera y el endeudamiento externo se convirtieron en los pilares de un esquema que desplazó a la industria nacional y promovió la especulación financiera, alimentada por las variaciones del tipo de cambio y la aceleración inflacionaria. Esta reconfiguración —de una economía industrial a otra centrada en la valorización financiera— favoreció a los grandes grupos económicos y avanzó hacia una mayor concentración de la riqueza, con un objetivo claro: quebrar la alianza distributiva entre la burguesía nacional y los trabajadores industriales.
Las consecuencias fueron devastadoras. La deuda externa se multiplicó por cinco, pasando de unos 7.500 millones de dólares a cerca de 45.000 millones hacia el final del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, mientras que la pobreza trepó del 2,6% en 1974 al 25,3% en 1983 y la desocupación se triplicó. En paralelo, la inflación se mantuvo en niveles extremadamente elevados -con promedios cercanos al 200% anual- y acumuló cifras extraordinarias a lo largo del período. La estructura productiva del país quedó severamente dañada y la deuda externa contraída en esos años condicionó la economía argentina durante décadas.
La muerte de Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974 dejó un vacío de poder en el Gobierno, que rápidamente se trasladó a lo económico. La breve tercera presidencia justicialista, de austeridad y concordancia, había mejorado los números de crecimiento. Los salarios reales habían alcanzado mejoras de hasta el 50% respecto a 10 años atrás, y se dieron hitos como la ampliación de la Flota Mercante argentina o la apertura de la Central Nuclear Atucha I. La balanza comercial había alcanzado superávit por mil millones de dólares. En materia de aumentos de precios, si bien durante 1973 mantuvo un nivel alto, cercano al heredado, ya para 1974 había bajado a un 24%, el valor más bajo en cuatro años.
Pero con la muerte del Presidente, asumió la presidencia su vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón y las luchas internas del peronismo desangraron a la sociedad y al Estado. Presionada por los sectores empresarios y sindicales, la primera presidenta mujer de Argentina nombró ministro de Economía a Celestino Rodrigo, quien al poco tiempo aplicaría la devaluación del peso y detonaría el conocido “Rodrigazo”, un plan de ajuste feroz: en los diez meses que transcurrieron entre el anuncio del plan económico y marzo de 1976, la inflación fue del 481% (casi un 50% mensual).
El paquete de medidas fue un punto de quiebre en la historia del país, que generó el inicio de 16 años de un régimen de alta inflación, que hasta hoy perdura en el día a día. Entre las medidas tomadas, determinó una devaluación del peso con relación al dólar que osciló entre el 80% y el 160%, un aumento sideral de los precios que en algunos casos llegó al 180% como en las naftas o el 75% en las tarifas de colectivos y un tope a los aumentos salariales en las negociaciones paritarias de las empresas con los sindicatos. Se terminó así con el “Pacto Social” que desde 1973 regía la relación entre los patrones, el Estado y los trabajadores. Se trataba de un ajuste que beneficiaba al capital local y financiero más concentrado, una política de shock para revertir la crisis económica que desembocó en un estallido social con la primera huelga general de la CGT contra un gobierno peronista.
A nivel mundial circulaban nuevas ideas en economía. La crisis petrolera que estalló en 1973, donde los países árabes decidieron bloquear sus exportaciones de crudo a aquellos países que habían apoyado a Israel en la llamada guerra del Yom Kipur, fue el primer gran sacudón capitalista de la posguerra, y el inicio del fin de las tres décadas “gloriosas” que supieron construir en Europa las bases del Estado de Bienestar. Tras el shock petrolero, las economías centrales comenzaron a experimentar un fenómeno inédito hasta entonces: la estanflación, es decir, la combinación de inflación alta con recesión económica.
En el modelo keynesiano clásico, la inflación era entendida como el resultado de tensiones en una economía en expansión: subía cuando la demanda era elevada y el desempleo bajo. Todo lo contrario a lo que comenzó a observarse en Estados Unidos, Europa y otras economías desarrolladas. A partir de allí, la revolución keynesiana de la posguerra dio paso a una contrarrevolución neoclásica.
Nuevas corrientes, como el monetarismo y la teoría de las expectativas racionales -impulsadas por economistas como Milton Friedman y Robert Lucas, citados permanentemente por el actual presidente Javier Milei- comenzaron a ganar terreno en el debate global. Estas corrientes planteaban que las economías tienden naturalmente al equilibrio y que existe un nivel “natural” de desempleo y actividad que la política económica no puede modificar de manera sostenida. En este marco, la intervención del Estado no solo era ineficaz, sino potencialmente perjudicial: podía generar inflación, distorsiones y aumento de la deuda.
Tanto el abandono del patrón oro por parte de Estados Unidos en 1971 y la invasión de petrodólares, a raíz de en un fenomenal aumento de los precios de los combustibles y en fuertes restricciones para su consumo, aumentó fuertemente la liquidez global y los países productores comenzaron a ofrecer préstamos a granel, sobre todo a los países de la periferia, que hicieron explotar las monumentales deudas externas. América Latina accedía, entonces, a deuda barata en dólares para financiar déficits ante bajos precios en commodities.
La historia de José Alfredo Martínez de Hoz, abogado, economista y de familia patricia, en la dictadura militar comenzó en Kenia, África. Presidente de la empresa de aceros Acindar, era un fiel exponente de la aristocracia agraria argentina. Su padre fue el primer titular de la Sociedad Rural Argentina y tenía grandes contactos en Washington como el banquero David Rockefeller. El 12 de marzo un oficial del Ejército se comunicó con Martínez de Hoz para pedirle que interrumpiera su safari en tierras africanas y regrese urgentemente al país. El 29, cinco días después del derrocamiento de Isabel de Perón, se anunció que Martínez de Hoz sería el ministro de Economía del gobierno militar.
“Se abre señores un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”, aseveró el funcionario, tras un discurso de más de dos horas, donde anunció tres programas: “Liberación y Modernización de la Economía”, “Modernización del Estado” y “Estabilización de los Precios”. El miedo a los efectos de un nuevo “Rodrigazo”, provocó en los militares desplegar un modelo “gradualista”.
Se estableció un programa de liberalización de los mercados y posterior apertura externa, que proponía la eliminación del conjunto de regulaciones, subsidios y privilegios; se procuraba así modernizar e incrementar la eficiencia de la economía. Para modificar la estructura económica, las primeras medidas fueron: congelamiento de los salarios de los trabajadores por 120 días, eliminación del control de precios, reducción de aranceles a la exportación, reducción de las retenciones agropecuarias y devaluación del peso, para disminuir la presión inflacionaria. Esas medidas modificaron los precios relativos en favor de los productores agropecuarios, que exportaban sus productos en divisas norteamericanas, en detrimento de los asalariados con un poder de compra recortado. Además, eliminó los controles de cambios e instauró un mercado de cambios único y administrado (no un mercado enteramente libre).
El flamante ministro, el civil más influyente de la etapa más oscura del país, describió los que eran para el nuevo gobierno los principales problemas de la economía argentina: un Estado empresario que había asumido funciones correspondientes a la iniciativa privada, que había regulado actividades económicas que debía realizar el mercado a través de la oferta y la demanda, que había intervenido en el mercado laboral estableciendo pautas rígidas para las relaciones obrero-patronales (leyes sobre empleo estable, indemnización por despido, negociaciones colectivas, etc.) y que también había protegido a los empresarios a través de aranceles a la importación de mercaderías y subsidios. “Achicar el Estado es agrandar la Nación” , fue su frase de cabecera.
En agosto de 1976, Jorge Rafael Videla sancionó la Ley de Inversiones Extranjeras, que desreguló los controles sobre ese flujo. En el plano monetario, en línea con el enfoque ortodoxo, el plan comenzó con una severa contracción. Hasta ese momento, se trataba de un programa liberal relativamente tradicional, con particular énfasis en contra de la industria y a favor del agro.
El último pilar de las políticas y reformas de la dictadura fue la apertura financiera. La piedra angular de la reforma financiera fue la promulgación de la Ley de Entidades Financieras en 1977, que transformó el marco institucional del sector financiero que aún hoy sigue vigente. Las autoridades económicas dispusieron la liberación de las tasas de interés de la regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), junto con la flexibilización para abrir sucursales e instituciones financieras. A esto se sumaron la eliminación progresiva del control de cambios y la supresión de la capacidad del BCRA de regular directamente el crédito bancario, mientras el Estado asumía el rol de garante del sistema.
Cuando se dice que este modelo económico de Milei, escrito por USA, ya se aplicó en la Argentina y generó un desastre social y económico, no se exagera ni un poco. Solo basta con recordar las palabras del entonces ministro de economía de la dictadura Martinez de Hoz en 1976. pic.twitter.com/xj34u6xz7v
— El Prensero (@El_Prensero) November 29, 2025
Esta reforma produjo un cambio drástico en la estructura económica del país e impulsó la especulación financiera. Entre 1978 y 1979 se abrieron 1.197 sucursales bancarias y financieras, según un trabajo del economista Mario Rapoport: miles de ahorristas, entre ellos jubilados, empleados públicos, amas de casa, recorrían el centro bancario cotejando las tasas de cada banco para decidir dónde colocar la plata. “Esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo importante”, precisó Martínez de Hoz, ante la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), 1977. El plan estaba claro: desplazar al sector industrial, fortalecer al financiero y vincular a la Argentina con el mercado de capitales internacional.
Por su parte, los sectores dominantes de la sociedad, que disponían del acceso al crédito internacional, se volcaron por la “bicicleta financiera” en detrimento de la inversión productiva. El “carry trade” consistía en obtener dólares a una baja tasa de interés en el mercado internacional, colocarlos en el mercado interno con un diferencial de tasas de interés -en relación a la tasa internacional-, reconvertirlos a dólares y retirarlos del país. Ese circuito se retroalimentaba: el capital fugado servía como respaldo para nuevo endeudamiento, ampliando el proceso. Para sostener esa dinámica, el Estado fue acumulando una deuda externa creciente, que terminaría condicionando la política económica de la década siguiente, especialmente tras la estatización de pasivos privados en 1982.
Más de 40 años después, el mismo discurso❗️
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❌Así promocionaba José Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura, la apertura de las importaciones a fines de los '70. https://t.co/vqqbaO6L4k pic.twitter.com/6eKX4nwMxA
En paralelo, la dictadura también incrementó el endeudamiento de empresas públicas como YPF, Segba, ENTel, Aerolíneas Argentinas, Agua y Energía Eléctrica y Gas del Estado. Años más tarde, ese deterioro financiero sería utilizado como argumento para cuestionar su funcionamiento y avanzar en los procesos de privatización impulsados por la continuidad del plan neoliberal en plena década del ’90.
En este contexto, la segunda etapa se inició hacia fines de 1978 y se instrumentó la versión moderna de la escuela monetarista (enfoque monetario del balance de pagos). La aplicación de esta política tenía como objetivo igualar la tasa inflacionaria interna con la externa, ajustándose esta última a la tasa de devaluación del tipo de cambio. El gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz avanzaron con una nueva baja de aranceles para profundizar la apertura importadora y contener la inflación.
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El cambio de eje económico derivó en un fuerte aumento de las tasas de interés, en un contexto marcado por la mayor demanda de crédito tanto del Estado como del sector privado y por los intentos oficiales de restringir la emisión monetaria. Con la liberalización del sistema, las altas tasas comenzaron a atraer capitales del exterior en busca de rentabilidad rápida en el mercado local. Al mismo tiempo, el encarecimiento del financiamiento para las empresas presionó sobre los precios en un escenario de recesión.
Las medidas tuvieron un efecto pocas veces visto hasta entonces: tasas de interés reales positivas, superiores a la inflación. El encarecimiento de la tasa de interés tuvo un fuerte impacto en la industria, que bajó la producción; en 1978 hubo recesión. Para evitar la pérdida de competitividad empresaria apareció la famosa “tablita”, ideada por un joven economista de Chicago Ricardo Arriazu, referente de la gestión liberal actual. Se trataba de una devaluación programada, gradual y conocida (crawling peg, ¿les suena?) que establecía un sendero de previsibilidad para los actores económicos.
