La tragedia de Venezuela y la voracidad de Estados Unidos
Por Oscar Laborde, director de IDEAL
El peor terremoto de la historia de Venezuela no fue solamente una tragedia natural. Fue también el recordatorio de que existen desastres cuyos efectos se multiplican por decisiones políticas que intentan socavar un proyecto popular.
Más allá de la magnitud del fenómeno sísmico, sería un error analizar esta tragedia únicamente desde la geología.
Venezuela llega a este desastre después de más de una década de sanciones económicas que deterioraron profundamente la capacidad del Estado para responder a cualquier emergencia. El bloqueo comenzó formalmente en 2015, cuando Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13.692 declarando a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nunca existieron evidencias que justificaran semejante calificación. Estados Unidos venía promoviendo una ofensiva conservadora contra los gobiernos populares de la región. A la persecución política y judicial se sumaban el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo en Paraguay, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil y, posteriormente, el golpe de Estado en Bolivia. El ataque contra Venezuela formaba parte de esa misma estrategia regional.
El objetivo era golpear el corazón productivo de Venezuela: el petróleo. En 2015 el país producía alrededor de 2,3 millones de barriles diarios. Las sanciones, que comenzaron siendo centenares y luego superaron el millar, buscaron destruir esa principal fuente de ingresos, fundamental para sostener las políticas sociales del país.
El objetivo, en buena medida, fue alcanzado. La producción petrolera cayó hasta niveles cercanos a los 300.000 barriles diarios y las pérdidas económicas acumuladas se estiman en unos 800.000 millones de dólares. Esa cifra representa hospitales que no pudieron construirse, infraestructura que no pudo mantenerse, medicamentos que no pudieron comprarse y recursos que dejaron de estar disponibles para la población.
Las consecuencias humanitarias también fueron enormes. Diversos organismos internacionales estiman que entre 40.000 y 80.000 personas murieron como consecuencia indirecta de las sanciones, producto de las dificultades para acceder a tratamientos, insumos médicos y servicios esenciales.
Sin embargo, incluso en esas condiciones, Venezuela comenzó a recuperarse. Entre 2017 y 2022 logró revertir parcialmente la caída de la producción petrolera, fortaleció la producción agrícola y encontró mecanismos para sortear un bloqueo que alcanzó prácticamente todas las áreas de la economía, incluyendo la exclusión del sistema financiero internacional SWIFT.
Cuando esa recuperación empezaba a consolidarse, Estados Unidos atacó nuevamente a Venezuela. Bombardeó, invadió y secuestró al presidente Nicolás Maduro. La intención era producir una explosión popular, que miles de venezolanos salieran a las calles para reclamar la caída del gobierno. Pero eso no sucedió.
El chavismo optó entonces por una convivencia pragmática con Washington para evitar un baño de sangre y preservar la institucionalidad del país. Esa decisión permitió sostener la paz, aunque dejó al gobierno condicionado por una negociación permanente.
Nada de esto modificó el objetivo estratégico estadounidense. La política hacia Venezuela forma parte de una lógica más amplia: impedir la consolidación de cualquier proyecto popular o antiimperialista en América Latina. Ayer fueron Venezuela, Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia o Argentina; antes fue Cuba. Cambian los métodos, pero no la finalidad.
Hoy, frente a una tragedia humanitaria de enormes dimensiones, Estados Unidos, con una hipocresía y un cinismo dignos de su política hacia Venezuela, anuncia una ayuda económica inferior a los 300 millones de dólares mientras mantiene vigentes 1.088 sanciones contra Venezuela, flexibilizando únicamente aquellas vinculadas al petróleo cuando resultan funcionales a sus propios intereses.
La tragedia que hoy conmueve a Venezuela comenzó mucho antes de que la tierra temblara. Y mientras persista esa política de asfixia y agresión, cualquier desastre natural seguirá encontrando a un país obligado a enfrentar, al mismo tiempo, las consecuencias de la naturaleza y la intención del imperio de apropiarse de sus recursos, condicionar su política interna e intentar ponerla incondicionalmente al servicio de los Estados Unidos.
