El Gobierno vuelve a la Justicia para frenar el financiamiento universitario y evitar cumplir la ley
El Gobierno de Javier Milei apeló el fallo que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vuelve a llevar el conflicto a los tribunales. La decisión llega después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la norma aprobada por el Congreso.
El magistrado ordenó el cumplimiento inmediato de la ley, que contempla la recomposición salarial de docentes y no docentes, fondos para el funcionamiento de las universidades y actualización de las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno decidió apelar la resolución, por lo que la disputa pasará a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La ley había sido aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada por ambas cámaras después del veto presidencial. Para Cormick, el Poder Ejecutivo no podía introducir condiciones que, en la práctica, suspendieran una norma que el Poder Legislativo había insistido con la mayoría constitucional requerida. En su fallo, consideró que el decreto funcionó como un mecanismo para volver a frenar la ley por una vía que no contempla la Constitución.
La apelación se suma a una larga disputa entre el Gobierno y las universidades públicas por los salarios, las becas y los gastos de funcionamiento. Mientras docentes y estudiantes denuncian el deterioro de sus condiciones, el Ejecutivo sostiene que las medidas deben encuadrarse en las posibilidades presupuestarias del Estado.
El conflicto también llega en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. La movilización reclama que se cumpla la ley y advierte sobre las consecuencias del desfinanciamiento para la educación pública y el sistema científico.
