AySA, de remate: Milei entrega el agua a un consorcio con vínculos empresariales
El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones, una cifra inferior a los US$450 millones que esperaba recaudar. La operación deja bajo la lupa el precio de venta, las condiciones de la licitación y los vínculos comerciales de algunos de los empresarios que se quedan con una empresa estratégica que abastece de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas.
El consorcio ganador está integrado por Rowing, Transclor, la brasileña Arcos Saneamento y PHX Aqua. La oferta superó los US$285 millones presentados por el Grupo Roggio, pero quedó por debajo de las expectativas oficiales. El dato central es que la licitación se realizó sin un precio base: el Estado puso a la venta una infraestructura construida durante décadas sin que la ciudadanía tuviera acceso público a toda la información utilizada para evaluar el patrimonio y los pasivos de la compañía.
Los negocios cruzados detrás de la privatización
Uno de los puntos más sensibles es la participación de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, en el consorcio ganador. Su empresa provee desde 2009 un insumo químico utilizado por AySA para potabilizar el agua. Además, Filiberti comparte intereses empresariales en Edenor, distribuidora eléctrica que también tiene una relación comercial relevante con la compañía sanitaria.
La situación abre un interrogante sobre los controles que deberán evitar ventajas indebidas en las futuras contrataciones. Si un accionista de la nueva AySA también participa en empresas que le venden insumos o le prestan servicios, será fundamental conocer qué mecanismos de transparencia y prevención de conflictos de interés se aplicarán.
La polémica también alcanza a los hermanos Juan y Patricio Neuss, vinculados al mundo empresarial y señalados en las investigaciones periodísticas sobre la operación. Rowing, una de las firmas del consorcio, integra el holding Equo Capital, relacionado con aportes de empresas del grupo a la campaña de La Libertad Avanza en 2025. Según datos citados por C5N, dos compañías del holding aportaron $20 millones cada una. La información no prueba por sí misma una contraprestación ni una irregularidad, pero sí plantea preguntas que merecen respuestas públicas: ¿qué controles se aplicaron y cómo se garantizó que la adjudicación respondiera al interés general?
Otro antecedente que merece atención es el de una licitación de 2023 por US$127 millones para la provisión de productos químicos a AySA, que Transclor ganó como único oferente y que motivó una denuncia penal de la Coalición Cívica. Según la información publicada sobre el caso, la denuncia no avanzó en sede judicial. El antecedente no demuestra que la actual privatización sea irregular, pero vuelve relevante examinar con especial cuidado la relación entre la empresa sanitaria y uno de sus proveedores históricos.
Dos plantas de tratamiento cuestan más que la venta
La cifra de la operación también contrasta con el costo de la infraestructura sanitaria. Según los datos difundidos por MinutoUno, construir dos plantas de tratamiento puede costar más que los US$340,2 millones ofrecidos por el 90% de AySA. La comparación expone la dimensión del patrimonio que cambia de manos: no se trata solamente de una empresa, sino de redes, plantas, instalaciones y activos esenciales para el abastecimiento de agua y el saneamiento del área metropolitana.
El problema no es únicamente cuánto dinero ingresa al Estado, sino qué obligaciones asume el comprador a cambio. El contrato debe ser examinado en función de las inversiones comprometidas, la expansión de las redes, el mantenimiento de la infraestructura y las garantías para los usuarios. Una privatización puede generar ingresos inmediatos, pero si las condiciones no aseguran inversiones suficientes y controles efectivos, el costo puede trasladarse a la población mediante tarifas más altas o servicios deficientes.
La discusión es todavía más relevante porque la valuación completa de la empresa, sus pasivos ambientales y parte de la información del proceso no estuvieron disponibles de manera abierta para toda la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó precisamente la falta de información pública sobre esos puntos.
La primera privatización terminó en una reestatización
AySA ya tiene un antecedente central en la historia de los servicios públicos argentinos. En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue privatizado y quedó bajo la concesión de Aguas Argentinas, encabezada por el grupo francés Suez junto con otros socios internacionales.
La experiencia terminó con la rescisión del contrato en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner. El Gobierno argumentó incumplimientos en las obligaciones de inversión y expansión del servicio, además de cuestionamientos sobre la calidad de la prestación. La relación también estuvo atravesada por la congelación tarifaria posterior a la crisis de 2001 y por una disputa sobre las condiciones económicas de la concesión.
La salida del grupo privado no estuvo libre de costos: los antiguos concesionarios iniciaron un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, y Argentina terminó afrontando una indemnización millonaria.
Ese antecedente no significa que toda gestión privada esté destinada al fracaso. Sí demuestra que la concesión de un servicio esencial puede terminar en conflictos prolongados cuando las obligaciones de inversión, las tarifas y los compromisos contractuales no se resuelven de manera sostenible. La experiencia vuelve indispensable conocer qué garantías ofrece el nuevo contrato para evitar repetir una disputa que termine pagando el Estado.
¿Quién controla a quienes controlarán el agua?
El Gobierno defiende la privatización con el argumento de reducir el gasto estatal, mejorar la eficiencia y atraer inversiones. Sin embargo, el balance de la operación no puede medirse únicamente por el dinero recaudado ni por la salida del Estado de la gestión cotidiana.
AySA presta un servicio esencial y opera una infraestructura que no puede reemplazarse fácilmente. Por eso, la transparencia de la adjudicación, la publicación de la valuación, las obligaciones de inversión y los mecanismos para impedir conflictos de interés son cuestiones centrales, no detalles administrativos.
La pregunta de fondo es quién se beneficia con el cambio de manos y qué garantías tendrán los usuarios. Si el Estado vende por debajo de lo que esperaba recaudar, limita el acceso público a información relevante y deja la operación en manos de empresarios con relaciones comerciales previas con la compañía, debe explicar con claridad por qué considera que ese acuerdo protege el interés público.
El agua no es un activo cualquiera. Es un derecho básico y un servicio del que dependen millones de personas. Por eso, la privatización de AySA necesita algo más que una defensa ideológica del mercado: necesita cuentas claras, controles independientes y compromisos verificables. Sin esas garantías, las dudas sobre el negocio seguirán abiertas mucho después de que se firmen los papeles.
