El Gobierno quiere privatizar AySA y ahora la Justicia vuelve a poner el proceso bajo la lupa
La disputa judicial por la privatización de AySA sumó un nuevo capítulo y ahora llegará a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió el recurso presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, contra el traslado de la causa a la Justicia Federal.
De esta manera, el máximo tribunal bonaerense deberá resolver si fue correcta la decisión de enviar el expediente al fuero federal. Por el momento, la discusión ante la Corte provincial es de competencia y no sobre el fondo de la privatización.
La causa se inició a partir de un planteo de la Defensoría contra el nuevo esquema contractual de AySA, en el marco del proceso impulsado por el Gobierno nacional para avanzar con la privatización de la empresa. El Estado puso en marcha una licitación para vender el 90% de las acciones que posee en la compañía.
En junio, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata había dictado una medida cautelar para impedir que AySA redujera o modificara sus obligaciones vinculadas con el servicio de agua potable, saneamiento, salud pública, ambiente, inversiones y obras. La medida alcanzó a 26 municipios bonaerenses.
Posteriormente, la Cámara confirmó esa protección, aunque consideró que la causa debía continuar en la Justicia Federal. Esa decisión es la que ahora fue cuestionada por Lorenzino y deberá ser revisada por la Suprema Corte bonaerense.
Mientras tanto, el proceso de privatización continúa en marcha. La normativa nacional autorizó la venta del 90% de las acciones de AySA en manos del Estado y estableció el procedimiento de licitación para seleccionar a un operador estratégico.
