El Gobierno anunció el endurecimiento de su postura contra los inmigrantes e impulsó modificaciones en el régimen migratorio. “Las facilidades extremas que hasta la fecha existían pura ingresar a la Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran 1.700.000 extranjeros de forma irregular a nuestro territorio”, expresaron desde Casa Rosada.

La administración libertaria anunció que cualquier condenado que intente ingresar por la frontera, será rechazado, a la vez que quienes sean detectados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán expulsados. Además, todo aquel extranjero que sea condenado por cometer un delito, será deportado.

El martes por la noche, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich brindó una entrevista televisiva para el canal TN, en la cual adelantó el anuncio. “Nosotros queremos que Argentina siga siendo una tierra de inmigrantes, pero no de delincuentes. No de gente que viene a usar los servicios sin pagar impuestos”, manifestó en un tramo del reportaje.

Asimismo, señaló que “aquel que vive y pague impuestos tiene el mismo derecho que un nacional”, pero “el que viene en un tur no puede recibir la misma salud, la misma educación universitaria. Solo en caso de emergencias porque Argentina es un país solidario”.

“Delincuente, afuera. No queremos delincuentes que vengan y aprovechen la Argentina para delinquir. Los vamos a devolver a sus países y a muchos les vamos a impedir la entrada al país”, subrayó la ministra de Seguridad.

Luego, Bullrich se adelantó al anuncio de una medida sensible para el Gobierno: “Mañana se anuncia”, afirmó, para luego desdecirse: “No, no sé si mañana, me equivoqué, no es mañana, me equivoqué de día. No es mañana”.

La medida busca endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros y arancelar determinados servicios, además que pretende ampliar los mecanismos para expulsar personas extranjeras del país, algo que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien es una de las promotoras principales de esta medida, había aplicado durante la administración nacional de Mauricio Macri a través del DNU 70/17.

“Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, esgrimió en primer término el vocero en la Sala de Conferencia de Casa Rosada, donde estuvo acompañado por Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. La elaboración legal de la medida estuvo bajo la responsabilidad de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal.

En primer lugar, se estableció que, a partir de la publicación del decreto, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y que aquellos que cometan un delito en el territorio nacional, cualquiera sea su pena, serán deportados, aunque aún no se informó cómo serán los procedimientos y cuánto se deberá esperar para hacerlo. Se habilitarán que los ilícitos con penas menores a 5 años sean motivo de denegar el ingreso al país o de deportación, según sea el caso.

Por otro lado, exigirán el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares. Además, impondrán la obligatoriedad para contar con un seguro médico en su ingreso al país. Según los datos oficiales, pretenden que se minimice el gasto de $ 114.000 millones que significó la atención a extranjeros. Tal y como habían dado a entender, se autorizará a las Universidades Nacionales a que, si quieren, podrán establecer aranceles para los servicios educativos a residentes temporarios. Esto no abarca a la educación inicial, primaria o secundaria.