El Gobierno maniobra para salvar el megaDNU y la oposición llega sin quórum al Congreso
El Gobierno de Javier Milei mueve sus fichas para evitar que el Congreso rechace el DNU 70/2023, el megadecreto que puso en marcha su programa de desregulación económica. A horas de la sesión convocada por la oposición, el oficialismo consiguió un dictamen para restituir la Ley de Tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una maniobra que busca desactivar uno de los principales motivos que impulsaron el intento de voltear el decreto completo.
La jugada tiene una contradicción evidente: el mismo Gobierno que derogó la Ley de Tierras a través del DNU ahora busca reponerla para intentar salvar el resto del megadecreto. El movimiento se produjo en un plenario de comisiones, apenas horas antes de la sesión prevista para este jueves a las 14, y fue interpretado por la oposición como un intento de quitarle fuerza a la convocatoria.
Pero el oficialismo no es el único que llega con dificultades. Los bloques opositores todavía no tienen garantizados los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. Según el conteo que circulaba entre sus integrantes, reunían entre 120 y 123 legisladores, con la definición de varios representantes provinciales todavía en suspenso.
La Ley de Tierras, la llave para blindar el decreto
La estrategia oficialista consiste en derogar el artículo 154 del DNU 70, que eliminó la Ley de Tierras, e incorporar esa restitución al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. El oficialismo pretende tratar la iniciativa en una sesión propia el próximo 21 de octubre.
La maniobra busca neutralizar el avance opositor sobre el decreto, que desde diciembre de 2023 modificó más de 60 leyes y alteró regulaciones en áreas como alquileres, abastecimiento, góndolas, medicina prepaga y transporte aéreo, entre otras.
El conflicto por la extranjerización de tierras también quedó atravesado por decisiones judiciales recientes. Un fallo de la Corte Suprema volvió a poner en vigencia restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un escenario que el Gobierno celebró y que complicó la estrategia opositora para reunir apoyos contra el DNU.
Para la oposición, sin embargo, la restitución de la Ley de Tierras no resuelve la discusión de fondo: el intento es rechazar el decreto en su conjunto, no solamente revertir uno de sus artículos.
“Moriremos con las botas puestas”
Pese a las dificultades para reunir el quórum, en Unión por la Patria aseguran que intentarán abrir la sesión. “Estamos en 120, 123. Si tenemos que morir con las botas puestas, lo vamos a hacer, y que queden expuestos los que quieren que siga el DNU 70”, afirmó un diputado del bloque a la Agencia Noticias Argentinas.
El resultado depende, en buena medida, de legisladores que responden a gobernadores y fuerzas provinciales. Los diputados misioneros de Argentina Federal, algunos representantes salteños y puntanos y el sector cordobés que responde a Martín Llaryora aparecen entre las piezas clave del conteo. También seguía pendiente la definición de otros legisladores que podían inclinar la balanza.
La oposición esperaba que el debate sobre la emergencia en discapacidad y el sobreendeudamiento familiar ayudara a sostener la asistencia al recinto. Sin embargo, la sesión prevista para el 21 de octubre, con un temario que incluye temas de interés para bloques dialoguistas, también incidió en las negociaciones políticas.
Qué está en juego
Si la oposición consiguiera abrir la sesión y avanzar contra el DNU, podría revertir un paquete central de la política desreguladora de Milei: desde la derogación de la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas hasta cambios en el abastecimiento, las prepagas y la política aerocomercial. Para el Gobierno, el decreto es una pieza central de su programa económico; para sus críticos, concentra decisiones que modificaron numerosas normas sin el debate legislativo individual que cada una habría requerido.
Por ahora, el escenario combina una ofensiva oficialista para blindar el decreto con una oposición que mantiene la convocatoria, aunque admite que no tiene los números asegurados. La sesión puede convertirse en una demostración de fuerza parlamentaria o naufragar antes de empezar por falta de quórum.
