Javier Iguacel, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri que inició la causa por la que la expresidenta Cristina Kirchner está presa, se quedó con cuatro áreas claves de YPF, un negocio de u$s100 millones por año, a pesar de no contar con ningún tipo de experiencia en el sector petrolero.

Iguacel se desempeñó como titular de Vialidad Nacional desde el 10 de diciembre de 2015, día en que asumió Macri, hasta el 16 de junio de 2018, cuando fue nombrado ministro de Energía, en reemplazo de Juan José Aranguren, cargo en el que estuvo hasta el 7 de enero de 2019. Luego, fue electo intendente de Capitán Sarmiento (2019-2023).

La maniobra comenzó el 7 de abril de 2024, cuando el Banco Santander licitó la venta de 55 áreas convencionales de YPF en varias provincias, dentro del denominado Plan Andes. Casi tres meses más tarde, el 28 de junio, se constituyó la firma Bentia Energy S.A., presidida por Iguacel, y en cuyo directorio figura Lucas Logaldo, quien había sido jefe de Gabinete en Energía durante el gobierno de Macri.

El 5 de agosto se le adjudicaron los clusters Vaca Muerta Norte y Sur en Neuquén. Una conquista demasiado veloz tratándose de una empresa recién creada, y por demás jugosa, si se tiene en cuenta que el capital inicial fue u$s6.250 para un negocio de u$s100 millones anuales.

Iguacel, el artífice de la denuncia de la causa Vialidad en la que terminó condenada Cristina Kirchner, cerró un negocio redondo.