Lo que el oficialismo pretende catalogar como una “defensa cultural”, la oposición y diversos movimientos civiles lo consideran una peligrosa cortina de humo. La indignación pública radica en el contraste de esta retórica con la agenda legislativa inmediata del Gobierno.

Mientras el presidente agita el fantasma de una supuesta “invasión” extranjera en los medios, su bancada se prepara para votar este jueves 6 de agosto en el Senado la polémica reforma de la Ley de Tierras. El proyecto oficialista —bautizado cínicamente como de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— busca facilitar la entrega del patrimonio geográfico argentino a grandes corporaciones y fondos internacionales.

Ante el masivo rechazo social y la falta de apoyo en el Congreso, el Poder Ejecutivo se vio obligado a recalcular a último momento, ofreciendo como “concesión” elevar el tope de extranjerización del territorio del 15% actual a un alarmante 25% por provincia.

La contradicción expuesta es monumental: para el relato libertario, los extranjeros de a pie que buscan progresar y atenderse en un hospital público representan una “invasión” destructiva; sin embargo, los magnates de afuera que vienen a quedarse con los acuíferos, los bosques nativos y miles de hectáreas rurales son recibidos con alfombra roja y leyes a la medida de sus negocios. Mientras se restringen derechos básicos en nombre de la soberanía, las fronteras se abren silenciosamente para subastar el suelo nacional.