La decisión del funcionario se conoció en paralelo al avance de los requerimientos de los tribunales federales. La causa penal entró en una nueva etapa con la reciente intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo técnico de la Procuración General que ya comenzó la revisión de las pruebas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita remitió parte del material recolectado a esta área especializada, que asiste a los investigadores en peritajes económicos complejos. La instrucción judicial todavía permanece abierta y continúa con la incorporación de datos sobre los movimientos financieros del jefe de ministros.
La investigación busca determinar si Adorni registró un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos desde su desembarco en el Gobierno a fines de 2023. El foco de la denuncia se centra en la evolución de sus activos durante su desempeño en la función pública.
En caso de encontrar inconsistencias en los peritajes de la DAFI, el fiscal Pollicita avanzará con un requerimiento formal para que el funcionario justifique el origen de los fondos. Este paso procesal resulta clave y obligatorio antes de una eventual citación a declaración indagatoria.