Cristina presentó un nuevo pedido ante la ONU para suspender su inhabilitación y revisar su condena
La defensa de Cristina Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una nueva presentación para pedir la suspensión de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y avanzar con la revisión de la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.
El escrito fue presentado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego como una adenda a la comunicación individual que habían llevado ante el organismo en julio. Allí incorporaron nuevos elementos y denunciaron supuestas vulneraciones de derechos y garantías durante el proceso judicial argentino.
Entre los nuevos planteos aparecen las declaraciones públicas de jueces que intervinieron en la causa, medidas sobre el patrimonio de la expresidenta y publicaciones realizadas por Javier Milei. También cuestionaron la difusión de videos del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta, al considerar que afectó su derecho a la privacidad.
La prueba económica que presentó la defensa
Uno de los principales argumentos incorporados por los abogados es una auditoría realizada por la consultora brasileña Specs a partir de documentación oficial incorporada a la causa Cuadernos.
Según la interpretación de la defensa, el análisis de los fondos del fideicomiso vial SISVIAL muestra que, de unos 2.200 millones de dólares desembolsados, el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió 18,66 millones, equivalente al 0,85% del total.
Los abogados sostienen que el dato contradice uno de los fundamentos utilizados para la condena en Vialidad. El informe, además, señala a IECSA, vinculada a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, como la firma que recibió el mayor volumen de esos fondos.
Estos argumentos corresponden a la interpretación de la defensa y deberán ser evaluados en las instancias judiciales correspondientes.
Qué puede hacer la ONU
El planteo será analizado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un organismo integrado por 18 expertos independientes que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La próxima sesión está prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre. Los abogados de Cristina buscan que el Comité analice allí el pedido de medida cautelar para suspender la inhabilitación mientras se estudia el fondo del caso.
La presentación internacional no funciona como una apelación directa de la sentencia argentina. Un eventual pronunciamiento del Comité tampoco anularía automáticamente la condena, aunque podría ser utilizado posteriormente por la defensa en nuevas actuaciones judiciales.
En paralelo, los abogados preparan un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. Su objetivo es cuestionar nuevamente los efectos de la condena y buscar su suspensión.
