Corralito en Paraguay: piden juicio político contra Peña por el escándalo de Ueno Bank
La crisis financiera desatada por el cierre de Ueno Bank, que dejó a millones de paraguayos sin acceso a sus cuentas, abrió un frente político que amenaza al gobierno de Santiago Peña. Diputados de la oposición y legisladores disidentes del oficialismo presentaron formalmente un pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana, a quienes responsabilizan por el escándalo y cuestionan por posibles conflictos de intereses.
El pedido reunió 35 firmas en la Cámara de Diputados, que tiene 80 integrantes, y reclama convocar a una sesión extraordinaria para tratar la acusación. Entre los argumentos aparecen los vínculos empresariales de Peña con el grupo que controla Ueno, el presunto uso irregular de fondos jubilatorios y las sospechas de encubrimiento institucional. El mandatario fue accionista de Grupo Vázquez, propietario de la entidad, hasta marzo de 2025. Para que el juicio político avance se necesitan mayorías especiales, por lo que el resultado todavía está abierto.
La crisis estalló cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La entidad, que tenía alrededor de tres millones de clientes, quedó bajo un procedimiento de resolución y sus usuarios perdieron temporalmente el acceso a sus depósitos. La investigación también alcanzó a sus directivos: ocho ejecutivos fueron detenidos y sus bienes quedaron sujetos a medidas judiciales.
Ahorristas del Ueno Bank volvieron a movilizarse en Asunción, Paraguay, para reclamar la devolución de sus fondos y el juicio político al presidente Santiago Peña. 📹 @AM_1080 https://t.co/XFFlx0oqez
— Corta (@somoscorta) November 5, 2026
En medio de la presión social y política, Peña anunció la salida del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y designó a Raúl Vera Bogado para reemplazarlo. Además, prometió impulsar una ley para acelerar la devolución de los ahorros y aseguró que el mecanismo permitiría cubrir al 98% de los depositantes afectados. El Senado ya sancionó por unanimidad un proyecto que habilita un anticipo de la garantía de depósitos de hasta 40 salarios mínimos por persona, con pagos que deberían comenzar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la norma. El texto fue remitido al Poder Ejecutivo.
La promesa de devolución busca contener el malestar de los ahorristas, pero no despeja las preguntas sobre cómo una entidad de semejante tamaño llegó a una situación de insolvencia ni sobre los controles que debían supervisarla. La salida de Carvallo también quedó bajo cuestionamiento: antes de asumir al frente del Banco Central, había dirigido la financiera Ueno, origen del banco intervenido.
El caso golpea directamente a Peña por sus antiguos vínculos con el grupo empresario y por la magnitud del impacto sobre la población. Mientras el Gobierno intenta garantizar que los depósitos serán restituidos, la oposición busca llevar la responsabilidad política hasta el propio presidente. El escándalo bancario ya dejó de ser solamente una crisis financiera: ahora amenaza con convertirse en una crisis institucional para el gobierno paraguayo.
