La Justicia allanó la casa del empresario Mauricio Novelli y también a Sergio Morales, el funcionario que dejó este viernes el Gobierno, en el marco de la investigación por la criptomoneda $LIBRA. Fue por orden del fiscal Eduardo Taiano.

El procedimiento fue parte de las medidas ordenadas por el fiscal Eduardo Taiano, en quien derivó la investigación la jueza María Servini. El allanamiento se realizó el jueves y alcanzó la casa y las oficinas de la empresa Tech Forum, que lidera Novelli.

En todos los casos se secuestraron teléfonos y computadoras, indicaron fuentes judiciales. Las medidas fueron ordenadas a tres semanas del escándalo por la “memecoin” que derivó en pérdidas millonarias para quienes invirtieron.

Horas antes de que trascendiera la renuncia de Morales, este se presentó a través de dos abogados, Karin Kozak y Ramiro Salaber, en los tribunales federales de Comodoro Py, para ponerse a disposición del fiscal Taiano.

Con Novelli, juntos ingresaron a la Casa Rosada el 11 de junio pasado, de acuerdo a los registros de ingresos y egresos del palacio presidencial. Morales también aparece vinculado a Manuel Terrones Godoy, el otro “empresario” local que participó en el lanzamiento de $LIBRA.

Figuran como socios en City Entertainment, una sociedad de responsabilidad limitada con escasos movimientos comerciales. En al menos un evento, se presentó a mediados del año pasado como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia”.

El ahora exasesor de la CNV figura ahora como uno de los imputados en la investigación que tramita en los federales de Comodoro Py.

El asesor Sergio Morales, investigado en la causa judicial de la criptomoneda $LIBRA, presentó este viernes su “renuncia indeclinable” ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), según confirmaron fuentes del organismo a Ámbito.

Morales, investigado por sus nexos con los empresarios vinculados al lanzamiento de la criptomoneda, se desempeñaba como “asesor externo con contrato de locación de servicios”. Fuentes oficiales confirmaron la dimisión y señalaron que la decisión responde a los “hechos de público conocimiento”, aunque aclararon que no habrá una comunicación oficial al respecto.