Bolivia: en medio de las protestas, el Congreso derogó la ley que regulaba el Estado de Excepción
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes la derogación de la Ley N°1.341 de Estado de Excepción, vigente desde 2020, que fijaba condiciones, plazos y mecanismos de control para la aplicación de medidas extraordinarias ante situaciones de crisis. Entre otros cambios, su eliminación permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir protestas como las que tuvieron lugar en las últimas semanas.
Entre otros puntos, la ley N°1.341 obligaba al Ejecutivo de Bolivia a justificar las medidas adoptadas, fijaba límites temporales y habilitaba mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del Ejecutivo. Por ejemplo, el gobierno boliviano dependía de la mayoría absoluta para sostener el estado de sitio ante una conmoción interna y, según el parágrafo I del artículo 14, el Presidente debía comunicar a la Asamblea Legislativa cualquier decreto en un plazo máximo de 24 horas; si no lo hacía, caducaría automáticamente.
El diputado de Unidad y promotor del proyecto de ley, Carlos Alarcón, había adelantado al canal Unitel que podía «haber una amplia mayoría» a favor de eliminar la ley aprobada después de la crisis política y social de 2019 tras la renuncia de Morales a la Presidencia.
Bolivia atraviesa una profunda crisis institucional tras la sanción de la eliminación de la Ley 1341, norma que ponía límites estrictos a la declaración de Estados de Excepción. La decisión, ratificada por la Cámara de Diputados en medio de una sesión marcada por la controversia, busca otorgar al Ejecutivo liderado por Rodrigo Paz Pereira un mayor margen operativo para intervenir en las crecientes protestas y bloqueos que mantienen paralizado a gran parte del país. Esta movida legislativa ocurre en un contexto de desabastecimiento crítico en las principales ciudades, mientras la presión popular por la renuncia del mandatario y el adelantamiento de las elecciones no deja de escalar.
La denominada «Ley Copa», vigente desde 2020, funcionaba como un resguardo democrático contra el uso desproporcionado de la fuerza, exigiendo informes a la Asamblea Legislativa en menos de 24 horas y prohibiendo explícitamente la suspensión de derechos fundamentales. Al eliminar estas restricciones, el gobierno recupera la facultad de movilizar a las Fuerzas Armadas en disturbios civiles con menores controles administrativos y operativos. Para sus impulsores, la ley era un «obstáculo» para garantizar el orden público, mientras que para los sectores opositores su anulación representa un peligroso retroceso que abre la puerta a la militarización de la protesta.
El rechazo a esta medida ha provocado una fractura total dentro del poder político, con el vicepresidente Edmand Lara y la Central Obrera Boliviana (COB) a la cabeza de las denuncias. Lara advirtió que la derogación podría derivar en una respuesta estatal con armas letales contra la población civil y ya ha presentado una Acción de Amparo Constitucional para intentar frenar la vigencia de la nueva norma. Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, tildó de «traidores» a los legisladores oficialistas, profundizando un escenario de confrontación social que amenaza con desbordar la capacidad de contención del Estado.
La Ley 1.341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía «hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden». También limitaba a 60 días la duración de la medida.
La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el Estado de Excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas. El gobierno de Paz ha asegurado que la declaración del Estado de Excepción es la «última opción» a la que recurrirá si el diálogo no prospera.
La ciudad de La Paz, la capital del país, encabeza la lista de cortes con 20 puntos de bloqueo, seguida de Oruro (centro-oeste) con 17 y Cochabamba (centro) con 14. Las personas que se manifiestan en todo el país tienen como pedido unificado la renuncia de Paz Pereira a la Presidencia. En la misma línea, Morales pidió adelantar las elecciones.
A pesar de los intentos fallidos por establecer «corredores humanitarios», la tensión no cede y figuras como Evo Morales han vuelto a pedir una salida electoral anticipada ante el deterioro de la economía. Con la ley ahora remitida al Ejecutivo para su promulgación definitiva, Bolivia se encamina a un período de excepcionalidad jurídica que mantiene en vilo la estabilidad democrática de la región.
