La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que declara la trata de esclavos africanos y la esclavitud racializada como “el crimen más grave contra la humanidad”. Insólitamente, la Argentina fue uno de los poquísimos países que se opuso.

Cabe señalar que la resolución fue adoptada gracias a una holgada votación a favor de lo dispuesto por la ONU, con 123 votos a favor, 3 votos en contra (Argentina, Estados Unidos e Israel) y 52 abstenciones (principalmente de países de la Unión Europea y el Reino Unido).

Impulsada por la Unión Africana y liderada por Ghana, la medida busca no solo el reconocimiento simbólico, sino también abrir el camino legal para disculpas formales y reparaciones económicas por parte de las antiguas potencias coloniales.

Aunque la Cancillería argentina no siempre emite comunicados detallados sobre cada voto, esta postura se alinea con la nueva doctrina de política exterior del gobierno de Javier Milei. Esta gestión ha decidido votar de forma sistemática en contra de resoluciones que contengan agendas de “justicia social”, “reparaciones históricas” o términos vinculados al “neocolonialismo”, por considerarlos parte de una agenda colectivista o contraria a su visión de libertad individual.