Uno de los indicadores más preocupantes es la escasa posibilidad de que las víctimas hayan podido activar mecanismos de protección antes del crimen. Apenas el 12% había denunciado previamente a su agresor. Sin embargo, entre quienes sí lo hicieron, el 75% tenía una orden de restricción vigente. El informe también señala que el 12% contaba con botón antipánico. La presencia de estas medidas vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de evaluar cómo funcionan los mecanismos de prevención, seguimiento y protección.
El relevamiento también expone las formas en que se cometieron los asesinatos: las armas blancas y las armas de fuego aparecen en el 28% de los casos cada una; el 11% fue por golpes y el 10% por asfixia. Además, el 14% de los agresores se suicidó después del crimen y el 13% intentó hacerlo. Un 31% se dio a la fuga y, dentro de ese grupo, el 16% continúa prófugo.
La violencia golpea de manera desigual según el territorio. En números absolutos, la provincia de Buenos Aires encabeza el registro con 93 casos, seguida por Santa Fe con 43, Córdoba con 13, Santiago del Estero con 11 y Misiones con 10. Al observar las tasas cada 100.000 mujeres, Santa Fe y Santiago del Estero presentan los valores más altos, con 2,1, seguidas por San Luis, con 1,8.
Entre los casos de octubre mencionados por la organización está el de Nanci Godoy, la docente rural correntina de 52 años que permaneció desaparecida durante 20 días antes de que encontraran su cuerpo. MuMaLá también recordó los femicidios de Daniela Villalba, Tatiana Micaela Fernández, Débora Bordón y Bárbara Camila Aragón, cuatro trabajadoras sexuales. La organización reclamó que estos crímenes no sean abordados desde la estigmatización y exigió más protección y derechos para el sector. También incluyó el asesinato de Natalia Giménez, en Rosario, cuya investigación apunta a amenazas de prestamistas por una deuda con intereses usurarios.
Frente a este escenario, MuMaLá declaró la emergencia por violencia machista y advirtió sobre el agravamiento de la vulnerabilidad económica y social que atraviesan mujeres y diversidades. El observatorio vinculó esa situación con la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento, el pluriempleo y la sobrecarga física y mental, y reclamó al Estado el cumplimiento de las políticas de prevención, asistencia y protección.
Las cifras corresponden al registro de la organización y tienen fecha de corte al 30 de octubre. Pero el dato central vuelve a ser contundente: 239 vidas perdidas en diez meses y 179 infancias que quedaron sin sus madres, en un contexto en el que las herramientas de protección no alcanzan para evitar que la violencia termine en femicidio.