En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la Procuración del Tesoro buscaba dejar sin efecto la decisión del 29 de julio, cuando Preska habilitó a los demandantes a acceder al contenido de los dispositivos electrónicos de distintas figuras de la política y la economía argentina, entre ellos los últimos dos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.

La defensa de la Argentina había señalado que “los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios”.

“Por el contrario, la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, explica la notificación de la Procuración del Tesoro.

Desde el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado, sostuvieron que los requerimientos cuestionados resultan contrarios a la jurisprudencia de los Estados Unidos y a la legislación argentina, que protege los datos personales y las comunicaciones privadas. “La Procuración considera que esta decisión es incorrecta y, por lo tanto, se encuentra analizando las vías procesales para su impugnación. Asimismo, aún se encuentra pendiente de resolución la segunda moción presentada, que solicita limitar los pedidos de discovery únicamente a activos potencialmente ejecutables, conforme a jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital”, expresaron.

El juicio de YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el principal beneficiario del fallo. El proceso no es por si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, sino que es por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF.