En esta línea, el integrante de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) y de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba), Jorge Anró, remarcó en diálogo con C5N el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector: “El acta dice que el Gobierno tiene un plazo máximo de tres meses de convocar a una paritaria en forma permanente para actualizar los salarios con respecto a la inflación y ver cómo se recompone la situación de 2024, que es donde más plata perdimos”.

También advirtió sobre la situación salarial. “No es que con esto estamos bien ni nada que se les parezca. El poder de compra de los trabajadores perdió el 50%. Eso no lo podemos soportar. Cada organización y gremio podrá resolver las metodologías y los pasos a seguir, pero la lucha continúa porque está levantada la bandera de la defensa de la universidad pública y seguiremos adelante”, subrayó.

En tanto, subrayó que el deterioro de los sueldos es histórico: “El retraso es muy grande, nunca hubo una pérdida salarial tan grande en la democracia. Esto es empezar a que el Gobierno cumpla una ley, aunque todavía esté en la Corte Suprema y deben resolver los jueces. Por lo menos se empezó a convocar a paritarias y empieza a venir plata, que es muy poco por lo que nos deben pero viene bien un poco de oxígeno teniendo en cuenta el feroz ajuste que se hizo”.

En este marco, Anró destacó el respaldo de la sociedad hacia la universidad pública y cruzó al Gobierno: “Esto tiene que ver con la lucha que el sistema universitario viene haciendo desde 2024, el apoyo del pueblo argentino y los diputados y senadores que rechazaron el veto. El Gobierno, más allá de discutir plata y presupuesto, ataca a un modelo de universidad pública que no quieren porque no entra en el modelo de país que quieren llevar adelante. Vinieron a combatir al pueblo. Esto es parte de una lucha que continuará”.

Por su parte, el paritario nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para las universidades, Marcelo Creta, cuestionó la explicación de la administración de La Libertad Avanza. “Demostramos que el Gobierno no dice la verdad cuando marcan que no hay plata. Esto no afecta la situación fiscal, como quieren argumentar”, expresó en diálogo con C5N.

“Está el dinero para pagar y es una decisión política. Por eso, para nosotros es la victoria en una lucha que se hayan sentado en una paritaria y reconozcan la deuda”, subrayó.

Por otro lado, Creta expuso que la administración libertaria buscó que se deje sin efecto el reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario ante la Justicia. “Intentaron extorsionar porque les pidieron a los rectores y los gremios que quiten la cautelar en la Corte Suprema, lo cual fue rechazado por las organizaciones. En el marco del Estado de derecho, planteamos que la ley tiene que cumplirse y le exigimos a la Corte que determine su aplicación porque eso terminaría con el proceso que falta de ajuste inflacionario que perdimos”.

En esta línea, criticó la postura del Gobierno: “Estamos discutiendo un modelo de país. El Gobierno intentó quebrar el sistema y no pudo. A los argentinos les decimos que está en peligro el Estado de derecho y el cumplimiento de la ley, que fue aprobada dos veces por el Congreso. Mantener el sistema universitario es un consenso de la política y la democracia en Argentina”.

“Para nosotros, la ley está vigente y tiene que cumplirse. Se tendría que haber cumplido sin pasar por la Justicia, sino simplemente con la aprobación del Congreso. El Gobierno no la cumple y por esto tuvimos que ir a la Justicia. Seguiremos luchando para que se cumpla la ley en todos los términos”, advirtió Anró por su parte.

El conflicto por el financiamiento universitario mantiene abierto un frente entre las universidades y la administración de Javier Milei. Desde el Ejecutivo sostienen que la aplicación de la ley compromete el objetivo de equilibrio fiscal y remarcan que la normativa no establece una fuente específica de recursos para afrontar los incrementos presupuestarios y salariales.

En ese contexto, el Gobierno avanzó con medidas para frenar la implementación de la ley y apeló resoluciones judiciales adversas. Paralelamente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elevó un planteo ante la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre el tema.