Después de intensas negociaciones, finalmente se concretó el traspaso de las 31 líneas de colectivo que recorren exclusivamente la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sellaron el acuerdo en la Casa Rosada, otorgando a CABA el control total sobre estas líneas de transporte. Este acuerdo le permite a la administración porteña fijar tarifas, gestionar recorridos, establecer paradas y administrar multas, en lo que parece un avance político significativo. Sin embargo, detrás del aparente triunfo, surgen serias dudas sobre la sostenibilidad financiera del acuerdo y su impacto en los usuarios.
El impacto financiero: ¿Un alivio temporal?
Según estimaciones del gobierno porteño, el costo real de un viaje mínimo en colectivo sin subsidios sería de $863. Actualmente, esta cifra se distribuye entre Nación, que aporta $271; CABA, que asume $221; y el pasajero, que paga $371. Sin el aporte de Nación, el boleto subiría automáticamente a $642, siempre que la Ciudad mantenga su actual nivel de subsidios. Este dato subraya la magnitud del desafío financiero que enfrenta CABA al asumir el control total de las 31 líneas de colectivos.
El acuerdo firmado entre Nación y Ciudad incluye un «período de transición» que podría durar hasta seis meses, durante el cual se mantendrán los subsidios que antes pagaba Nación. Esto garantiza que, por ahora, no habrá aumentos en el precio del boleto, especialmente para los pasajeros que realizan múltiples viajes diarios utilizando la Red SUBE. Sin embargo, este alivio es claramente temporal.
Dudas sobre la sostenibilidad
Es en este punto donde surgen las primeras dudas sobre la sostenibilidad del acuerdo. ¿Cuánto tiempo podrá la Ciudad soportar el esfuerzo financiero necesario para mantener los subsidios sin trasladar los costos a los usuarios? El documento firmado entre Nación y Ciudad contiene una advertencia implícita: «El esfuerzo financiero que implica para la Ciudad sostener un subsidio del 66% del boleto no es sostenible a largo plazo». Esto significa que, aunque se ha evitado un aumento inmediato en el precio del boleto, el incremento es inevitable en el futuro.
El costo político y la mirada a futuro
CABA ya anticipó que, una vez finalizado el período de gracia, se deberá llevar la discusión sobre las tarifas del transporte público a la Legislatura porteña. Esto podría convertirse en un tema político caliente y de gran relevancia para la administración de Jorge Macri, especialmente en un contexto donde la inflación y el costo de vida son preocupaciones centrales para los ciudadanos.
El acuerdo entre Nación y Ciudad, aunque exitoso en el corto plazo, plantea serios interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo. La transferencia de las líneas de colectivos a CABA, que en principio parece un triunfo para la gestión porteña, podría convertirse en un desafío significativo si no se encuentra una solución sostenible para financiar el transporte público sin generar un impacto negativo en los usuarios. Con el plazo de seis meses avanzando, la Ciudad tendrá que decidir si continúa absorbiendo el costo o si, finalmente, traslada el peso financiero a los pasajeros, lo que podría desencadenar un nuevo conflicto social y político.