Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron este lunes un ruidazo en la sede de Villa Maipú y una asamblea para definir nuevas medidas de fuerza, luego de que el organismo dispusiera el cierre durante dos días, situación que fue interpretada por el sector gremial como un “lockout” y un avance en el vaciamiento del organismo.

En paralelo, el operativo de seguridad incluyó la presencia de Gendarmería y móviles de la Policía de la Ciudad en los alrededores del edificio ubicado sobre la colectora de la Avenida General Paz, ante la posibilidad de una escalada del conflicto.

El conflicto se reactivó luego de que el INTI informara a su personal que el viernes y el lunes de la semana pasada el organismo permanecería cerrado, con la obligación de realizar teletrabajo desde sus hogares. Para los trabajadores, esa decisión fue leída como un “lockout encubierto” y una señal política de avance hacia el desmantelamiento del instituto.

“Estamos muy preocupados por la situación. Denunciamos el lockout de las autoridades del INTI. Cerraron dos días sin dar ninguna explicación”, expresó en diálogo con C5N Giselle, trabajadora del área de Calidad en las Mediciones con 18 años de trayectoria en el organismo.

La empleada también advirtió que existe una medida cautelar judicial vigente que obliga a garantizar el funcionamiento del instituto. “Están violando una decisión de la Justicia que ordena que el INTI siga operando normalmente”, señaló, al tiempo que cuestionó que no se les permita trabajar con normalidad.

“El gobierno, que dice que los trabajadores estatales somos ñoquis, nos está impidiendo trabajar”, denunció. Luego agregó que el reclamo también apunta a que el Congreso intervenga para exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Otro de los ejes de la protesta es la falta de conducción: desde hace meses el organismo no cuenta con autoridades formalmente designadas, lo que, según los trabajadores, paraliza decisiones clave como la compra de insumos y la definición de objetivos estratégicos.

En ese contexto, crece la preocupación por un posible plan de ajuste que incluiría hasta 780 despidos, una cifra que encendió las alarmas en el sector científico-tecnológico.

“Están atacando de manera inédita a los trabajadores”, sostuvo la empleada, quien también advirtió sobre un retroceso del rol del Estado en áreas sensibles: “Se está corriendo de funciones esenciales como la seguridad y el cuidado de la población”.