La ley de tierras es el corazón del proyecto y el punto que generó las mayores dificultades para avanzar con la iniciativa. Esta mañana llegó la versión número 15 del borrador, que no conformó al Gobierno. La última vez, el tratamiento se frustró por la caída de la sesión en medio del escándalo del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni. El aplazamiento fue aprobado con 63 votos afirmativos, 3 negativos y 1 abstención.

El Senado aprobó el cuarto intermedio propuesto por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que propone una amplia reforma sobre el régimen de tierras, expropiaciones y desalojos se tratará el 6 de agosto.

Tras la aprobación de las designaciones de todos los jueces, Bullrich pidió adelantar el tratamiento de la declaración de San Miguel de Tucumán como la “capital simbólica” de Argentina, que era el último proyecto a votar en el temario acordado en Labor Parlamentaria, y luego declarar un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para continuar ese jueves con el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, genera un fuerte rechazo de la oposición y de organizaciones sociales y ambientales, que advierten que, bajo el argumento de reforzar la protección de la propiedad privada, la iniciativa elimina herramientas de control sobre recursos estratégicos y amplía las posibilidades de adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

Uno de los cambios más controvertidos es la derogación de los límites que hoy establece la legislación para la compra de tierras rurales por extranjeros. La ley N°26.737 todavía vigente fija un tope del 15% de la superficie rural nacional, mientras que la reforma permitiría operaciones sin ese límite, incluso en zonas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo. Para los críticos, la medida implica un proceso de extranjerización del territorio y debilita la capacidad del Estado para resguardar áreas de interés nacional.

El paquete también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, lo que dificultaría futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos. Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista una sentencia definitiva.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa reforma la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que hoy impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios. Distintos sectores cuestionan que esa modificación podría favorecer desarrollos inmobiliarios o emprendimientos privados sobre superficies incendiadas.

Desde Unión por la Patria anticiparon que buscarán frenar el avance de la ley de Propiedad Privada, al considerar que compromete la soberanía sobre recursos naturales y facilita la concentración de tierras en manos de inversores extranjeros. Sin embargo, el oficialismo confía en reunir el respaldo de bloques dialoguistas y provinciales para obtener la media sanción del proyecto.

El Senado aprobó 36 pliegos judiciales

La sesión debatió la designación de 36 jueces, entre ellos se encontraba el camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien necesitaba un nuevo acuerdo del Senado para permanecer cinco años más en el cargo tras alcanzar la edad constitucional de 75 años. El magistrado tomó notoriedad por haber revocado la medida cautelar que suspendía parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El senador porteño de Unión por la Patria Mariano Recalde detalló que a la Sala VIII se la llama “la sala Banelco”, y recordó que “justo” el día después de que Pesino falló a favor del Gobierno “el Poder Ejecutivo remitió la propuesta para nombrarlo por cinco años más”.

“Cuando vino a la audiencia le preguntamos si se había reunido con el Ejecutivo y dijo que sí, que estuvo reunido con el ministro (de Justicia, Juan Bautista) Mahiques antes de dictar el fallo”, remarcó Recalde y concluyó: “Este juez no nos merece la confianza, vamos a pedir que se vote en particular”.

Mientras que la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consideró que el oficialismo analiza los jueces “por sus méritos, su capacidad y su dedicación, estamos garantizando una Justicia neutral a los gobiernos que puedan venir” y acusó a la oposición de “arreglar” con magistrados del fuero laboral “hasta el último detalle de cada uno de los juicios”.