Según información oficial, el 84% de los genocidas gozan de la prisión domiciliaria
En 1985, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en realizar juicios civiles para llevar al banquillo a los culpables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. A medio siglo de este hecho histórico, los juicios continúan. Según datos oficiales del Ministerio Público Fiscal con información recopilada de todos los tribunales a cargo de los casos, fueron condenados unos 1.231 genocidas, desde la reapertura de las causas en el año 2006. Actualmente, 504 se encuentran detenidas por sus crímenes. Sin embargo, 425 gozan el beneficio de la prisión domiciliaria. Se trata del 84% de los casos.
De acuerdo a los datos aportados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente del Ministerio Público Fiscal, también hubo 250 personas absueltas, 172 a los que se les reconoció la falta de mérito, 102 sobreseídos y 76 que tan solo fueron indagados. Además, 1.257 de los genocidas ya fallecieron.
Por otra parte, la Procuraduría, a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, le informó a C5N que hoy existen 517 represores imputados y otros 292 procesados por la Justicia. En este sentido, hay 12 juicios que se están en curso actualmente.
Uno de estos juicios que se está llevando adelante en este momento es por el hecho conocido como la “Masacre de la calle Corro” en el cual murió María Victoria Walsh, la hija del emblemático periodista argentino Rodolfo Walsh. El pasado 18 de marzo se llevó al banquillo de los acusados a los seis exmilitares integrantes del Grupo 601 de Artillería Antiaérea del Ejército implicados: Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos.
El hecho sucedió el 29 de septiembre de 1976 en una casa ubicada en la calle Corro al 105 donde se encontraban varios militantes de Montoneros, en el barrio porteño de Villa Luro. Bajo las órdenes del coronel Roberto Roualdes, más de 150 agentes del Ejército, Gendarmería y la Policía Federal rodaron el domicilio con tanques, camiones y francotiradores. Durante dos horas, los represores usaron fusiles FAL y lanzagranadas para asediar a los cinco jóvenes que se encontraban en el lugar, entre ellos “Vicky” Walsh.
Los militantes lograron resistir, pero supieron que no tenían escapatoria por la abrumadora diferencia de fuerzas. Entonces, Vicky tomó una drástica decisión a sus 26 años de edad. Se asomó a la terraza con el camisón que vestía y se dirigió a los militares: “Ustedes no nos matan. Nosotros elegimos morir”, dijo y, junto a sus compañeros, se llevaron una pistola a la sien y se quitaron la vida. Los otros muertos fueron Ignacio José Bertran, Alberto Molina Benuzzi, Ismael Salame y José Coronel.
Además, los represores se llevaron detenidas a una familia que apoyaba al grupo: Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, quienes luego recuperaron la libertad.
El juicio de la “Masacre de la calle Corro” es uno de los 12 que se están llevando adelante en este momento. Pero los seis acusados comenzaron la audiencia inicial en el Tribunal Oral Federal N° 7 desde sus hogares porque ellos también gozan de la prisión preventiva en sus domicilios y sin tobilleras electrónicas, según acusó la querella liderada por Patricia Walsh, hermana de “Vicky”.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también informó que actualmente hay unas 1.582 personas que están siendo investigadas y que se encuentran en libertad porque aún no fueron imputadas ni procesadas. Pero en el futuro próximo serán muchas más, ya que, días atrás, el abogado Pablo Llonto le presentó al juez Daniel Rafecas una investigación con una lista de 350 nuevos represores que participaron de las atrocidades cometidas durante la dictadura para que también puedan ser llevados al banquillo de los acusados.
“Estamos en una etapa en la que se siguen aportando cosas que nunca se habían aportado”, describe Llonto, en diálogo con C5N. A continuación, pone un ejemplo: “El año pasado se hicieron unas excavaciones en el campo deportivo de River Plate y encontraron un auto destrozado. Pudieron dar con el número de chasis y, hace pocos días se identificó al dueño. Se lo citó y declaró; dijo que había estado secuestrado y que nunca había declarado. Esa persona, en algún momento de su vida, fue un desaparecido. Esto ocurrió la semana pasada, lo que indica que todavía hay mucho por hacer”, asegura el abogado.
Llonto es uno de los abogados más importantes de Derechos Humanos en el país y, con seguridad, en el mundo. Siendo un joven letrado de 25 años, en 1985 empezó a colaborar con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en los juicios a las Juntas Militares y desde ese entonces estuvo involucrado en la gran mayoría de las causas que se llevaron adelante. En la actualidad, representa a 360 familias de desaparecidos durante la última dictadura en todo el país. Si bien gran parte de los genocidas que llevó al banquillo fueron condenados, muchos obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria.
Con respecto al otorgamiento de las prisiones domiciliarias, decididas por los diferentes tribunales orales federales que intervienen en las causas, Llonto explica que “la ley ‘podrán acceder’ y queda a interpretación de cada juez. Por eso hay tanta disparidad de criterios”, dice el abogado sobre este beneficio que, en el caso de los genocidas, se solicita por la combinación por una edad avanzada que complica el estado de salud de los condenados.
“Hay uno que le dieron la prisión domiciliaria porque era la persona que tenía que cuidar a su hijo que tenía autismo. Es el caso de Martín Eduardo Sánchez Zinny”, cuenta Llonto sobre el excarapintada que fue condenado por delitos de lesa humanidad contra cinco militantes del PRT-ERP vinculados a las revistas El Combatiente y Estrella Roja.
Para que un genocida pueda acceder al beneficio de una domiciliaria, una vez que su abogado defensor hace el pedido, se lo lleva al cuerpo médico forense de la Justicia donde se lo examinan. Además, las partes pueden poner sus propios peritos. Luego, se emiten los dictámenes correspondientes y el juez resuelve. “Pesa mucho la palabra de los médicos forenses, pero ha habido casos en los que le prestan atención a la defensa y, en otros, a la querella”, cuenta Llonto en relación a un procedimiento que, según él, “no ha cambiado según el gobierno o contexto político”.
“Está claro que van a hacer todo lo posible para duplicar su situación de enfermedad y tratar de mostrarse peor de lo que están para conmover a los peritos. Es una realidad. Luis Patti lo hizo”, recuerda Llonto sobre uno de los torturadores favoritos de Ramón Camps, exjefe de la Policía bonaerense, y que asistía a las audiencias en una camilla.
Por otra parte, existieron casos de genocidas que violaron su prisión domiciliaria y se los vio “en el supermercado o tomando un café. Hemos tenido la suerte de que algún compañero lo vio y lo denunciamos”, cuenta Llonto y recuerda el caso de Luis Tomás Trillo. Este exintegrante de la Fuerza Aérea que se dedicaba al espionaje condenado a 12 años de prisión había recibido el beneficio de la domiciliaria, pero se lo fotografió paseando a su perro. En ese caso, el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín le revocó el beneficio, pero Llonto asegura que “es un criterio personal de cada juez. En otros casos solo intimaron al represor para que no vuelva a cometer la falta”, agrega.
“Debe haber un montón de casos de violación de domiciliaria que jamás nos enteramos”, dice el abogado y explica que “no necesariamente utilizan pulsera o tobillera electrónica”. “Nos informan que no hay la cantidad suficiente para todos los presos. No hay manera de comprobarlo; es de creer o reventar”, remata Llonto.
Según la información aportada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entre los 504 genocidas detenidos tan solo 79 se encuentran en diferentes establecimientos carcelarios. 61 de ellos están en la Unidad Penitenciaria N° 34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, en donde los represores gozan de condiciones de privilegio como cancha de tenis, clases de teatro, talleres de streaching, habitaciones individuales con televisión, un amplio salón de usos múltiples y un predio con un enorme espacio verde al cual pueden salir a caminar. Entre otros, allí se encuentra Alfredo Astiz, quien junto a los otros represores alojados en este lugar fueron visitados el año pasado por una comitiva de diputados de La Libertad Avanza.
