La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva venía dando señales en dirección de una inminente reconfiguración de las políticas de ingreso y permanencia en el país. Pero a través de la Resolución 551/2026, el gobierno de Javier Milei dio un paso más en lo que constituye un cambio en la forma en la que el Estado concibe los flujos migratorios. Con esta medida, la cartera que conduce Monteoliva creó el Programa de Seguridad Migratoria, un instrumento que supone una modificación del enfoque institucional con relación al fenómeno: el control migratorio deja de ser una terea meramente administrativa para pasar a estar estrechamente vinculada a las fuerzas de seguridad.

La medida se justifica, según los considerandos, en una visión punitivista de los movimientos poblacionales. El texto oficial sostiene que la región está afectada por movimientos migratorios “que en ocasiones tienen un carácter irregular o ilícito” y que son aprovechados por “Organizaciones Criminales que explotan dichos movimientos, o que los utilizan para infiltrarse en los diferentes países”. Bajo esta premisa, el Gobierno redefine la migración no como un derecho o un proceso civil, sino como una “amenaza para la Seguridad Nacional”, de acuerdo a las palabras del propio texto oficial.

El corazón de esta reforma radica en la centralización del mando. A partir de ahora, será el titular de la Secretaría de Seguridad Nacional quien coordinará y supervisará el trabajo conjunto de la Dirección Nacional de Migraciones con la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este esquema subordina una estructura históricamente civil a una lógica de combate al delito.

Uno de los puntos más controvertidos es la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria dentro de cada una de las fuerzas federales. Según el Artículo 6° de la resolución, estas unidades se encargarán de tareas de “prevención en áreas de control migratorio”, así como de la “detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios”. Los efectivos asignados a estas funciones portarán un distintivo específico de “Seguridad Migratoria”, marcando una presencia policial más asfixiante en los puntos de entrada al país.

Si bien el programa contempla la “actualización y reorientación de la formación” del personal, el énfasis está puesto en la capacidad de las fuerzas de seguridad para asumir funciones de control migratorio de manera subsidiaria o en situaciones de emergencia. Esto abre una zona gris sobre qué funciones delegará efectivamente Migraciones y qué mecanismos de supervisión existirán para evitar abusos de poder por parte de uniformados que, por formación, no están especializados en derecho administrativo migratorio.

Aunque la resolución no modifica formalmente la Ley de Migraciones N° 25.871, sí altera profundamente la práctica institucional. El dato central de la medida del Ejecutivo es la securitización: el Gobierno vincula explícitamente al migrante irregular con la delincuencia organizada. Al hacerlo, desplaza el eje de la gestión hacia un esquema donde la sospecha prima sobre la facilitación del tránsito. Quedan sin responder interrogantes sobre el impacto que esto tendrá en los tiempos de ingreso y, fundamentalmente, en la protección de los datos sensibles de quienes cruzan la frontera bajo este nuevo paradigma de vigilancia estatal.