El frente empresario encendió luces de alerta y cruzó con dureza al Gobierno libertario de Javier Milei, principalmente a la gestión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el rumbo adoptado en la reglamentación de la reforma laboral.

A través de pronunciamientos oficiales y duros cruces públicos, distintos sectores manifestaron su desilusión al considerar que las medidas finales se alejaron del espíritu de reducción de costos y modernización prometido originalmente.

El epicentro del malestar se concentra en la reciente publicación del Decreto 612/2026. Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresaron su “profunda preocupación y rechazo” a la normativa, apuntando de lleno a la reglamentación de los aportes obligatorios.

Para la entidad, la medida representa un claro retroceso que “termina desvirtuando uno de los objetivos centrales” de la iniciativa oficial, que consistía en aliviar las cargas patronales y evitar que los empleadores deban financiar estructuras que encarecen la contratación formal.

Para fundamentar su postura, la cámara supermercadista puso sobre la mesa el impacto real de los tributos que recaen sobre el empleo registrado. Según los datos difundidos por CADAM, por cada $2.128.749,84 destinados a un trabajador, el empleado percibe en mano apenas el 65,67% (equivalente a $1.397.943), quedando el resto en concepto de cargas y aportes.

Bajo esa premisa, el reclamo apuntó directamente a la gestión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Pedimos coherencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno al impulsar la modernización laboral y la reglamentación posterior”, reclamaron desde la institución, reflejando el cambio de expectativas que generó la letra chica de la normativa.

El malestar en torno a la figura de Sturzenegger sumó además un nuevo capítulo de alta tensión en el ámbito portuario y de la navegación comercial. Las críticas hacia el funcionario se intensificaron a raíz de su proyecto de desregulación del cabotaje, que generó un rechazo frontal por parte de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA).

El presidente de la entidad, Gustavo D’Amico, cuestionó duramente la falta de diálogo y las formas del ministro al impulsar los cambios sectoriales sin consultar a los actores involucrados. “Sturzenegger no nos consulta. Es irracional. Mandamos tres notas en nombre de FENA y no tuvieron ni el respeto de contestarlas”, sentenció el referente empresario.

Ante este escenario, FENA —agrupación que representa al 95% de las compañías navieras del país— decidió abandonar su tradicional perfil moderado para iniciar una ofensiva legislativa en el Congreso. Con la advertencia de que el proyecto oficial representa “el certificado de defunción de la actividad”, el sector empresario abrió un nuevo e imprevisible flanco de conflicto con la administración libertaria.