Presentan una cautelar para suspender la venta de tierras sin límites a extranjeros

Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y volvió a dejar sin efecto los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

El planteo judicial se presentó luego del fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por considerar que la organización no estaba legitimada para promover ese reclamo. La Corte aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni sobre la cuestión de fondo vinculada con la Ley de Tierras.

Con la decisión del máximo tribunal, volvió a tener efectos la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno de Javier Milei. De esta manera, actualmente no están vigentes los límites que establecía esa norma sobre el porcentaje de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras, las restricciones por nacionalidad o superficie y las disposiciones específicas sobre inmuebles vinculados con determinados cuerpos de agua.

En su presentación, Pichetto y Massot sostienen que el artículo 154 del DNU no habría cumplido con las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para dictar un decreto de necesidad y urgencia. Entre otros argumentos, señalan que el Congreso se encontraba en condiciones de funcionar y que el propio Poder Ejecutivo remitió el decreto al Legislativo pocos días después de su dictado.

Los diputados también advierten sobre el riesgo de que durante el período en que la derogación permanece vigente se concreten operaciones de compra de tierras que luego puedan ser consideradas derechos adquiridos, incluso si el Congreso finalmente rechaza el DNU o se restablecen por ley las restricciones. Por eso solicitaron una medida interina de aplicación inmediata mientras se tramita la cautelar.

De manera subsidiaria, pidieron preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y hacer pública la existencia del proceso judicial.

El reclamo se suma a la disputa política y judicial que volvió a abrirse tras el fallo de la Corte. El DNU 70/2023 ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero todavía no fue tratado por la Cámara de Diputados. Para que un decreto de necesidad y urgencia quede definitivamente rechazado, debe ser rechazado por ambas cámaras.