El senador por Santa Cruz José María Carambia presentó un proyecto de ley para reducir a 16 años la edad mínima para obtener la licencia de conducir automóviles en la vía pública, excepto para las clases “C, D y E” -en referencia a las profesionales-, que continuarán en 21 años.

La propuesta, que ya fue girada a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Cámara alta, plantea un cambio significativo respecto a la normativa actual y argumenta que contribuiría al desarrollo de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto.

“Las autoridades jurisdiccionales pueden establecer en razón de fundadas características locales, excepciones a las edades mínimas para conducir, las que sólo serán válidas con relación al tipo de vehículo y a las zonas o vías que determinen en el ámbito de su jurisdicción”, señala el senador santacruceño.

En los argumentos de la iniciativa, el senador señaló: “El Código Civil y Comercial también reconoce que las personas menores de dieciocho (18) años tienen capacidad progresiva. A los dieciséis (16) años, por ejemplo, se les permite tomar decisiones sobre su salud, como consentir cirugías estéticas reparadoras, tatuajes o piercings (art. 26 CCN). Además, entre los dieciséis (16) y los dieciocho (18) años, pueden ejercer una profesión y administrar los bienes que ganen. Sin embargo, en algunos casos requieren autorización parental, como para casarse, someterse a cirugía estética o dar en adopción a sus hijos”.

La iniciativa establece una excepción clara para las licencias de conducir profesionales, como las de clases C, D y E, para las cuales la edad mínima se mantendría en los 21 años. Esta distinción busca asegurar que la conducción de vehículos de gran porte o de transporte público siga requiriendo un nivel de experiencia y madurez superior, preservando así la seguridad vial en estos ámbitos críticos.

El senador también recurrió al derecho comparado para reforzar su argumentación, señalando que en países como El Salvador y México ya se otorgan licencias de conducir a partir de los 15 o 16 años. Esta referencia internacional sugiere que la medida propuesta no es inédita y que ha sido implementada con éxito en otras jurisdicciones, lo que podría allanar el camino para su consideración y eventual aprobación en Argentina.