La modificación de la ley de Glaciares (26.639) tiene a las empresas mineras en el foco de críticas, sobre todo por parte de organizaciones ambientalistas y bloques opositores que buscan proteger los recursos naturales. En el caso de aprobarse, habrá dos cuestiones particulares y vinculantes que permitirán llevar adelante proyectos extractivistas: la reducción de las restricciones territoriales y la redefinición de las áreas protegidas.

Esta reforma busca “limitar” sólo la protección de aquellos cuerpos de hielo que cumplan funciones específicas, como las reservas de agua para consumo humano, y tengan un tamaño determinado; este marco, según el Ejecutivo Nacional, liberará áreas que actualmente están bloqueadas para la actividad minera e hidrocarburífera.

Por otra parte, la ley vigente prohíbe que se lleven a cabo proyectos de megaminería en zonas periglaciares, es decir, en los suelos congelados que regulan los recursos hídricos. Estas modificaciones permitirían la explotación en dichas áreas si, efectivamente, luego de la correspondiente evaluación, se demuestra que no afectan directamente al ciclo del agua.

Por último, también proponen una descentralización del control, es decir, otorgar mayor autonomía a las provincias para permitirles tomar las desiciones que crean convenientes respecto a sus recursos naturales y a la explotación de los mismos mediante las empresas mineras.

De acuerdo a lo que manifiesta el Gobierno, esto permitiría que cada jurisdicción autorice proyectos extractivos bajo sus propios criterios de impacto ambiental y elimina la uniformidad de la protección ambientalista a nivel federal.

Para el sector minero/hidrocarburífero la ley vigente “es ambigua” y paraliza las posibles inversiones, sobre todo, en proyectos de cobre y litio, particularmente en la Patagonia pero también en las provincias de Jujuy y Catamarca.