A poco más de un año y medio de bajar sus persianas de forma definitiva, el cierre del emblemático Aquarium de Mar del Plata sigue sumando capítulos oscuros y una compleja crisis humanitaria y ambiental para los animales que aún permanecen en el predio.

La falta de un acuerdo por el alquiler del codiciado terreno frente al Faro de Punta Mogotes y el posterior pedido de quiebra de la firma explotadora desencadenaron un escenario límite que ahora derivó en una medida desesperada: intentan vender cuatro pingüinos por 40 mil dólares para poder afrontar los gastos corrientes.

La situación del parque, que funcionaba desde 1993 en un predio de nueve hectáreas propiedad de la familia heredera de los fundadores Peralta Ramos, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza judicial.

Actualmente, dentro de las instalaciones continúan alojadas unas 59 aves marinas que esperan ser trasladadas a una fundación ambientalista, custodiadas por apenas doce trabajadores que resisten cuidando sus hábitats y cobrando con extrema irregularidad.

De acuerdo a los detalles plasmados en el expediente judicial, el mantenimiento básico del predio —que incluye insumos alimenticios y sueldos de los empleados restantes— demanda una cifra que supera los 20 millones de pesos mensuales.

A esta pesada mochila financiera se le suma un tendal de deudas acumuladas con exempleados, bancos, la empresa proveedora de energía eléctrica y organismos de recaudación fiscal.

Sin los ingresos genuinos que aportaba la venta de entradas, la sindicatura que interviene en la quiebra comenzó a buscar alternativas drásticas para rasguñar fondos.

Fue así como cotizaron formalmente a cuatro pingüinos de la especie saltarín en 40 mil dólares, una operatoria que requerirá de complejos permisos y regulaciones internacionales para concretar su traslado a algún parque o acuario del exterior.

No es la primera medida de este tipo que se toma en medio del colapso: a fines de 2025, la administración judicial concretó la polémica venta de diez delfines nariz de botella hacia Egipto por la suma de 800.000 dólares, un caudal de dinero que en su momento sirvió para calmar urgencias salariales y oxigenar temporalmente las cuentas del parque.

Mientras los dueños originales del terreno continúan reclamando la restitución legal de las nueve hectáreas ubicadas en la zona sur —con vistas privilegiadas al mar y los bosques de Punta Mogotes—, el cierre del complejo dejó otro daño colateral incalculable para la región: el cese total de operaciones del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina.

Dicha entidad, que funcionaba históricamente dentro del predio, representaba un pilar fundamental para la costa atlántica tras haber logrado atender, recuperar y reinsertar a más de 5.500 animales silvestres a lo largo de su trayectoria, una pérdida irreparable para la conservación de la fauna marina local que hoy queda en el olvido en medio de un concurso judicial sin rumbo claro.