La desvinculación de Norma Beatriz Watson, exjefa de Tesorería del municipio de Pinamar, abrió un escándalo político y administrativo que mantiene en vilo a la ciudad. La funcionaria de 59 años, con más de tres décadas de trayectoria y a punto de jubilarse, quedó registrada en 11 videos mientras guardaba fajos de dinero pertenecientes a la recaudación municipal dentro de su cartera personal.

Las grabaciones, obtenidas entre el 24 de enero y el 4 de febrero y difundidas por Pinamar Diario, se convirtieron en la piedra angular de una causa judicial que investiga un presunto desfalco millonario. El decreto de su desvinculación fue firmado por el intendente Juan Ibarguren durante la madrugada, en silencio y sin explicaciones públicas inmediatas.

La decisión generó aún más inquietud, ya que reveló la dimensión de un caso que habría pasado inadvertido durante semanas dentro de la estructura administrativa. Según lo informado por Urgente24, no sólo se analizan los episodios captados por las cámaras internas, sino también un conjunto de maniobras contables que apuntan a irregularidades más profundas y sostenidas.

La causa judicial incluye, además de la sustracción de efectivo, indicios de adulteraciones en los registros de caja, doble anotación de ingresos y el uso irregular de una cuenta denominada “Ingresos Pendientes”, la cual, según la reconstrucción preliminar, habría funcionado como una suerte de “colchón contable” para justificar movimientos poco claros. Esa cuenta, lejos de cumplir una función técnica habitual, habría servido como espacio para maniobras que evitaban el control directo del flujo real de dinero.

La defensa de Watson presentó una versión que generó aún más cuestionamientos: aseguraron que el dinero que aparece en los videos le pertenecía y que lo llevaba consigo por la “inseguridad en Pinamar”. El argumento fue recibido con escepticismo por parte de la comunidad y especialistas en administración pública, dado que las imágenes muestran a la funcionaria manipulando el efectivo dentro de su espacio laboral y en momentos que coinciden con horarios de recaudación.

El episodio también derivó en acusaciones cruzadas dentro del propio gobierno local. El vocero del intendente, Diego Andrés Uribe, responsabilizó a la Fiscalía y a la Policía Federal por no haber detenido a Watson cuando abandonó el edificio municipal, intentando desplazar el foco de la gestión de Ibarguren y evitar la pregunta central: ¿cómo fallaron todos los mecanismos de control durante tanto tiempo?

Mientras se intenta establecer el monto total del presunto desfalco -que distintas fuentes ya califican como millonario-, el municipio enfrenta un fuerte reclamo social. Vecinos, trabajadores municipales y referentes políticos exigen transparencia, claridad y explicaciones oficiales sobre un caso que expuso grietas serias en la administración de fondos públicos. Pinamar espera respuestas, mientras la Justicia avanza y el impacto del caso sigue creciendo.