La causa que investiga el préstamo de US$57.100 millones que el gobierno de Mauricio Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 podría volver a abrirse. El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar el cierre de la investigación y pidió que se siga adelante con medidas que, según sostuvo, todavía están pendientes.

El planteo llega apenas dos semanas después de que la Cámara Federal confirmara el archivo de la causa. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que el acuerdo con el FMI fue una decisión de política económica adoptada en un contexto de “urgencia financiera” y que, después de más de cinco años de investigación, no se habían acreditado delitos.

Ahora, Agüero Iturbe sostiene que el expediente fue cerrado de manera “prematura” y “arbitraria”. Según el fiscal, todavía deberían realizarse medidas para reconstruir qué ocurrió con los fondos del préstamo y determinar si existieron beneficiarios privados vinculados con la salida de divisas.

Una causa que también alcanza a funcionarios de Milei

La investigación no involucra solamente al expresidente Macri. Entre los funcionarios alcanzados por la denuncia original aparecen Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes actualmente ocupan los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, respectivamente. En 2018, Caputo era secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central, mientras que Sturzenegger estaba al frente de esa entidad.

También fueron investigados el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y otros funcionarios que participaron de la negociación y ejecución del acuerdo.

El préstamo fue anunciado inicialmente por unos US$50.000 millones y posteriormente ampliado hasta US$57.100 millones, en lo que se convirtió en el mayor acuerdo de financiamiento de la historia del FMI.

Qué cuestiona la Fiscalía

Uno de los puntos centrales del planteo fiscal es que todavía debería reconstruirse el recorrido de las divisas desembolsadas y establecer si parte de esos recursos terminó vinculada con la formación de activos externos, es decir, la salida de dólares del circuito financiero local.

La Fiscalía también cuestionó que la causa haya sido cerrada sin completar determinadas medidas de prueba. Entre los antecedentes analizados durante la investigación aparecen informes de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y el Banco Central, además de documentación sobre el acuerdo y los movimientos vinculados con la formación de activos externos.

El expediente había comenzado a partir de denuncias que señalaban, entre otras cuestiones, posibles irregularidades administrativas en la forma en que se tramitó el acuerdo: la falta de un decreto presidencial que lo formalizara, la ausencia de determinadas intervenciones previstas en el procedimiento y cuestionamientos sobre la participación de distintos organismos estatales.

La Cámara Federal consideró, sin embargo, que esas irregularidades administrativas no alcanzaban para demostrar la existencia de delitos. También sostuvo que el deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no permitía acreditar una administración fraudulenta.

Ahora la discusión vuelve a quedar en manos de la Justicia: Casación deberá decidir si mantiene el archivo o permite que la investigación continúe. Por el momento, no existe una reapertura de la causa ni una nueva imputación: lo que existe es un recurso fiscal contra el cierre del expediente.