El Gobierno anunció que definirá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) luego de que las partes reunidas este miércoles en el Consejo del Salario no llegaran a un acuerdo. El ingreso mínimo lleva tres meses estancado en $322.200, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo.

La CTA de los Trabajadores y la CGT habían pedido que se elevara a $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma reclamó $736.000 pesos, “por encima de la línea de indigencia”. Por su parte, los empresarios propusieron llevarlo a $326.000 este mes y a $349.000 en abril del año que viene.

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto”, informó la CTA Autónoma. “Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio: sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial”, agregó.

La convocatoria oficial llegó tras seis meses sin reuniones y en medio de una significativa caída de ingresos, por lo que sindicatos, movimientos piqueteros y organizaciones de la economía popular convocaron a movilizarse frente a la Secretaría de Trabajo.

La consigna central de la movilización fue la exigencia de equiparar el SMVM al valor de la Canasta Básica Total, junto con un pliego de demandas que incluye la reactivación de programas sociales, un bono de fin de año y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.

El sueldo mínimo continúa fijado en $322.200 desde agosto para quienes cumplen una jornada semanal de 48 horas, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de $1.610 por hora. Esa actualización quedó muy por detrás de la inflación acumulada y, de acuerdo con las centrales sindicales, ubicó al salario mínimo en niveles inferiores a los de 2001 y como el más bajo de la región medido en dólares.

A la misma vez, las organizaciones sindicales denuncian que los programas laborales y de acompañamiento social están paralizados y advierten que cualquier cambio en la movilidad prevista en el Presupuesto 2026 profundizaría la crisis.