Mientras que el abuso sexual previo al femicidio afecta al 3% de las víctimas adultas, esa cifra se dispara al 19% en niñas y adolescentes. Además, el 22% de ellas fue desaparecida previamente a ser hallada sin vida, una “ventana de oportunidad” donde el Estado suele llegar tarde. “Que más de dos de cada diez víctimas menores de 17 años hayan estado desaparecidas previamente evidencia que existieron instancias previas en las que una intervención rápida y coordinada podría haber resultado decisiva para proteger sus vidas”, expresó Raquel Vivianco, coordinadora del Observatorio.

En la última semana la desaparición seguida de femicidio de Agostina Vega trajo críticas al accionar de la Policía y la Justicia de Córdoba, recién el miércoles 27 se activó la Alerta Sofía, diseñada para coordinar la búsqueda y localización urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que corren un riesgo inminente para su vida, cuatro días después de la noche del 23 de mayo que se la vio por última vez.

“La desaparición de niñas y adolescentes debe ser abordada como una situación de máxima urgencia desde el primer momento, sin esperar plazos ni minimizar los riesgos”, reclamó Vivianco.

En esta línea, la referente exigió: “Es necesario fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, la articulación entre fuerzas de seguridad, justicia, organismos de niñez y áreas especializadas en violencia de género, así como incorporar una perspectiva de género y de infancia en cada actuación. Estos casos también nos muestran la importancia de escuchar y tomar en serio las denuncias realizadas por familiares y entornos cercanos”.

Ante este escenario, el informe del Observatorio advierte con urgencia sobre el retroceso en políticas públicas. La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) es señalada como la herramienta central para que niños y adolescentes identifiquen abusos y violencias.

Al respecto, Vivanco advirtió que estas niñas enfrentan la violencia en ámbitos donde deberían estar protegidas. “Cuando el agresor es un familiar o una persona del entorno cercano, las posibilidades de pedir ayuda se reducen drásticamente”, explicó la coordinadora.

En este contexto, defiende la importancia de la ESI como una barrera de detección: “La Educación Sexual Integral cumple un rol fundamental porque brinda herramientas para identificar situaciones de abuso, reconocer vulneraciones de derechos y saber a quién recurrir”.

Ante el actual escenario de ajuste y desmantelamiento de programas, Vivanco aseguró que “la prevención no comienza cuando ocurre un femicidio, sino mucho antes, garantizando derechos, construyendo redes de cuidado y fortaleciendo la presencia del Estado allí donde las violencias suelen permanecer ocultas”.

Esto se suma a una realidad preocupante en ante el desmantelamiento sistemático de las políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género en Argentina entre 2023 y 2025. Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), lo que comenzó con el desmantelamiento del Ministerio de la Mujer y el cierre de los programas Acompañar y la Línea 144 se vio profundizado para junio de 2024, al menos diez provincias ya habían degradado sus áreas de género de ministerios a secretarías o direcciones.

“Con la eliminación y el desmantelamiento de los programas y políticas las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia tienen cada vez menos opciones para recurrir en busca de ayuda”, advirtió Patricia Sotile, abogada y miembro del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

También es muy difícil encontrar datos, ya que se dejaron de actualizar herramientas de monitoreo como el Sistema Integrado de casos de Violencia de Género (SICVG) y se eliminó el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), lo que impide evaluar la efectividad de las pocas políticas que quedan y de diseñar políticas públicas que sean eficaces. Desde ELA también advierten el incumplimiento de la Ley 26.485, el Estado nacional no ha diseñado ni implementado un Plan Nacional de Acción para abordar la violencia.

“A la par del desmanetelamiento de la ESI está la desarticulación del Plan ENIA, que de forma transversal e interdisciplinaria mediante consejerías en colegios, espacios territoriales y agentes territoriales también llegaba a las y los adolescentes abordando otras temáticas como la violencia de genero, abuso y relaciones de pareja o afectividad”, sentenció.

La perspectiva a futuro no es alentadora, ya que el Proyecto de Presupuesto 2026 consolida este camino. Al comparar las partidas solicitadas para 2026 con la inversión realizada en 2023 para políticas clave (como el Acompañar y la Línea 144), se observa un recorte conjunto del 89%.

A pesar del recorte y desfinanciamiento, Sotile aclaró que hoy en día “hay mayor reconocimiento de la violencia de género en la sociedad, más herramientas legales y más demanda de respuesta estatal. El caso de Agostina está siendo una prueba de eso”.

Muchos casos como el de Chiara Páez, asesinada por Manuel Mansilla, o el de Luciana Moretti, asesinada a sus 15 años por su novio Pablo Cuchán en 2004, expusieron situaciones de violencia en el noviazgo que en los casos extremos pueden llegar a convertirse en un femicidio. Unicef define a la violencia en el noviazgo como cualquier conducta que cause daño físico, sexual, sicológico o económico en una relación romántica, influye actos que buscan controlar, dominar someter a la otra persona. Esta violencia se puede manifestar de diferentes formas, desde golpes y amenazas físicas hasta la manipulación emocional, humillación y control económico.

Según un informe publicado por la Oficina de Violencia Doméstica sobre 2025, trataron más de 18 mil denuncias, y el 45% relacionadas a vínculos con sus parejas o exparejas. En estos vínculos de pareja, el 84% de las personas denunciadas son varones y de esas denuncias el 53% eran menores de 18 años de edad.