El Programa Médico Obligatorio (PMO) nació en los 90 para que cualquier persona con obra social o prepaga tuviera un piso básico de atención: desde un parto hasta un tratamiento oncológico, pasando por salud mental, odontología o descuentos en medicamentos. Durante más de dos décadas fue el manual de mínimos de la medicina privada y sindical.

Hoy, ese piso se rompió. El listado quedó viejo, desactualizado y, en la práctica, vaciado. Lo que debería ser un derecho básico terminó convertido en una referencia difusa que cada prestador interpreta —y recorta— a gusto.

En el sector público, el PMO no aplica: se cubre “según disponibilidad y presupuesto”.
En muchas obras sociales provinciales o chicas, no es exigible.
En las prepagas, es un campo minado de letra chica, reclamos y fallos judiciales que van limando lo que alguna vez fue un mínimo garantizado.

Juan Manuel Ibarguren, magíster en Administración de Servicios de Salud y secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF), lo resume así:

“Sin un piso común, el sistema de salud argentino seguirá siendo un archipiélago de islas descoordinadas, con ciudadanos de primera y de segunda según su cobertura. Una reforma del PMO no es solo una necesidad técnica, sino una exigencia ética y sanitaria”.

El golpe de gracia: Milei y la desregulación

La puntada final llegó en diciembre de 2023, con el Gobierno de Javier Milei desregulando el sistema privado de salud. Las prepagas quedaron liberadas para fijar cuotas y modificar planes sobre la marcha. Resultado:

• Subas de hasta 150% en menos de un año.

• Copagos y coseguros en atenciones que antes estaban incluidas.

• Un éxodo de afiliados hacia un sistema público ya saturado.

Solo el 24% de las obras sociales nacionales recauda lo suficiente para cubrir el costo estimado del PMO. Eso significa que el 81% de sus beneficiarios ya vive con una cobertura limitada y fragmentada.

En las prepagas, el esquema se atomizó: planes “low cost” con cuotas bajas pero copagos altos, planes parciales que cobran por uso, y un rango de precios que hoy va desde $50.000 hasta más de $200.000 por persona. Los planes más baratos no incluyen casi nada; los más caros, tampoco todo.

El dato que duele: menos del 30% de los afiliados siente que aprovecha realmente lo que paga.

Del derecho al privilegio

En países con sistemas de salud sólidos como Suiza, Francia o Reino Unido, la cobertura básica está definida por ley, es exigible y se actualiza periódicamente. En Argentina, en cambio, el PMO quedó como un PDF olvidado en un servidor, mientras el negocio se adapta para cobrar más y cubrir menos.

La salud dejó de ser un derecho básico para convertirse en un lujo opcional.
Los conflictos judiciales y administrativos por la cobertura ya son moneda corriente.
El nuevo modelo es claro: el que puede pagar, se atiende; el resto, que haga fila.