El presidente Javier Milei firmó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta manera, la gestión de La Libertad Avanza ingresó en el tramo final de la negociación con la entidad que preside Kristalina Georgieva. Sin embargo, no se conocieron mayores detalles.
La rúbrica del documento forma parte del proceso que había anunciado el propio mandatario, durante su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa del sábado 1° de marzo: «Estamos avanzando en un acuerdo con el FMI para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año (…) Un nuevo acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta».
En tal sentido, la semana pasada el Gobierno había aclarado que el nuevo convenio con el organismo mundial de crédito no se enviaría al Parlamento a través de un proyecto de ley, sino mediante un decreto presidencial: «Se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
La «Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública» es una normativa impulsada por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, que fue aprobada por el Congreso en 2021 y tiene como objetivo principal establecer un control legislativo sobre el proceso de endeudamiento del país con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Surgió en respuesta a la deuda contraída por el gobierno Mauricio Macri en 2018, cuando Argentina acordó un préstamo con el FMI por u$s44.000 millones sin intervención del Congreso.
La ley establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso. Asimismo, los acuerdos futuros con el FMI deberán también ser aprobados por el Parlamento, garantizando así una mayor transparencia y debate público sobre estas decisiones.
En el Artículo 2º, la ley indica que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente».