Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la gestión 2025 de Javier Milei expone una transformación radical en las prioridades del Estado, en favor de la vigilancia y la represión. El documento detalla una contracción real del gasto público del 29% interanual respecto a 2023, un ajuste que, sin embargo, no es uniforme y dibuja un mapa de nuevas preferencias gubernamentales. No se trata, entonces, de que «no hay plata», sino de dónde se la prefiere gastar.

Mientras la mayoría de las áreas sensibles sufren recortes severos, una institución destaca por su crecimiento exponencial: la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, vio incrementados sus fondos en un 52%. Este aumento contrasta con el peso que mantienen los Servicios de Deuda Pública, que aún consumen el 8% del gasto total.

El sector salud emerge como uno de los más castigados. Hospitales nacionales, el Instituto Malbrán y la ANMAT registran caídas que superan el 20%, y la Superintendencia de Servicios de Salud se desploma un 72%. Programas esenciales de atención territorial y prevención de enfermedades crónicas o endémicas aparecen con ejecuciones cercanas a cero, paralizando de facto su funcionamiento.

La desinversión se extiende al ámbito científico y social. Organismos como el CONICET, el Servicio Meteorológico y el INTA pierden entre un 25% y un 40% de sus recursos. Simultáneamente, programas de economía social, primera infancia y apoyo a comedores comunitarios prácticamente desaparecen, con recortes que alcanzan el 100%, al igual que la Secretaría de Niñez y el INAES, que se reducen en un 73%.

La educación y la infraestructura no escapan a la lógica del desfinanciamiento. Iniciativas como Conectar Igualdad y el Fondo de Incentivo Docente muestran una ejecución nula, mientras la obra pública enfrenta una paralización casi total, con partidas para rutas, túneles y desarrollo urbano cayendo más del 90%. Las transferencias a provincias y municipios se derrumban, debilitando la capacidad de gestión en los territorios.

Frente a este panorama, el análisis del CEPA advierte sobre el riesgo concreto que corren políticas públicas esenciales. La magnitud de los recortes en áreas de impacto social y productivo directo configura un escenario de alta preocupación, donde la continuidad de servicios básicos y el desarrollo a largo plazo quedan en entredicho.

Esta drástica reasignación de recursos, que potencia las capacidades de control e inteligencia a costa del desmantelamiento de la red social, marca la dirección elegida por el Gobierno. La estrategia económica no solo implica un ajuste cuantitativo, sino un cambio cualitativo en el rol del Estado, priorizando la vigilancia sobre el bienestar y el desarrollo humano.