El Gobierno Nacional designó a Ana María Cristina como jueza federal del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a través del Decreto 589/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Se trata de la esposa de Marcelo Martínez di Giorgi, el juez del caso Libra que apartó a las querella del caso por la criptoestafa.

“Nómbrase jueza Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”, señaló el citado Decreto. El Juzgado Federal de Hurlingham fue creado por Ley n° 27225 con competencia territorial en los partidos de Merlo e Ituzaingó. Sin embargo aún la Corte Suprema de Justicia no habilitó el juzgado.

Resulta llamativo el nombramiento sin el juzgado habilitado debido a que el Gobierno Nacional había justificado la falta de desginación de la jueza María Verónica Michelli -cuñada del periodista Alconada Mon- por no haberse puesto en funcionamiento el juzgado.

La jueza Cristina, quien se desempeñaba en un lugar estratégico de la Cámara Federal, se recibió hace 34 años en la Universidad de Buenos Aires, hizo un doctorado en Derecho por la Universidad de Palermo y llegó a la Cámara Federal de Comodoro Py en la década de 1990. Allí fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupaba desde hace más de diez años.

Martínez de Giorgi apartó el viernes 3 de julio a las querellas del caso $LIBRA. La decisión favorece directamente al presidente Javier Milei y al resto de los investigados en la criptoestafa. Con esta medida solo quedará como acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien viene frenando el avance del caso desde su inicio.

“HACER LUGAR a la excepción de falta acción promovida por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli y, en consecuencia, APARTAR a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, del rol de parte querellante asumido en los autos nro. CFP 772/2025, del registro de este tribunal”, resolvió el juez Martínez de Giorgi.

De esta forma corrió a los damnificados que representan los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, las dos querellas que tenía el caso y apuntalaban la investigación con diferentes pedidos. El accionar de los acusadores privados contrastaba con la lentitud del acusador público, el fiscal Taiano, quien tiene delegada la investigación de la causa y no se expidió sobre el planteo de falta de acción realizado por Novelli (simplemente dijo, corriéndose de la polémica, que eso era potestad del juez del caso).