El gobierno de Lula da Silva cruzó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, el día después de la masacre ocurrida en la ciudad por el megaoperativo narco contra el Comando Vermelho que dejó el saldo de más de 120 muertos. El funcionario había afirmado que el Ejecutivo brasileño le había negado apoyo para las operaciones llevadas a cabo en los complejos Alemão y Penha.
El Ministerio de Justicia aclaró en un comunicado que Castro nunca solicitó de manera formal un decreto de Garantía de Orden Público al gobierno nacional. Además, recordó que siempre se «ha respondido con pronta solicitud a todas las solicitudes. Desde 2023, se han presentado 11 solicitudes de renovación de la FNSP en Río de Janeiro y todas han sido aprobadas».
En lo que va del año, la Policía Federal de Brasil lleva realizados 178 operativos en la ciudad carioca, 24 vinculados al narcotráfico, donde se detuvieron a 210 personas. «Se han gastado poco más de R$157 millones hasta la fecha, lo que deja un saldo disponible de más de R$174 millones», detallaron desde el ministerio.
Para el Partido de los Trabajadores (PT), «la estrategia de guerra» implementada por Castro en Río de Janeiro es «completamente infructuosa» y la caracterizó como «la máxima expresión de un modelo fallido e irresponsable que ha causado dolor en decenas de familias».
«Es indignante que el gobernador celebre una acción que costó la vida de cuatro policías precisamente el día en que se honra a los servidores públicos», agrega el escrito firmado por el titular del PT en la Cámara de Diputados, Linderbergh Farías.
En el mismo sentido, Farías afirmó que «es una grotesca falsedad afirmar que el Estado está solo. El gobierno federal, respondiendo solicitudes locales, mantiene la presencia permanente de la Fuerza Nacional, la Policía Federal y la Policía Federal de Carreteras, con resultado significativos en la incautación de armas y drogas, además de crear estructuras como CIFRA para combatir la financiación del crimen».