Lilia Lemoine en la mira por inconsistencias en su declaración jurada
La diputada y cosplayer Lilia Lemoine enfrenta por estas horas dos denuncias en los tribunales federales que la acusan de haber omitido información clave en su declaración jurada patrimonial y de haber utilizado un contrato de la Cámara de Diputados para financiar a su abogado defensor particular.
Para colmo de males administrativos, un dato complica más a la maquilladora personal de Javier Milei: aún adeuda la presentación de su declaración jurada correspondiente al período 2024. Las presentaciones judiciales fueron impulsadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín.
Los denunciantes pusieron el foco en el documento que Lemoine presentó tardíamente en octubre de 2024, el cual correspondía al período fiscal anterior, detectando inconsistencias flagrantes entre lo declarado ante la Oficina Anticorrupción y la realidad de sus registros financieros públicos.
De acuerdo con la normativa vigente, todos los funcionarios públicos que asumen una banca legislativa tienen la obligación estricta de entregar una declaración jurada inicial dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores a su toma de posesión. Lemoine juró como diputada el 10 de diciembre de 2023; sin embargo, según detallan los denunciantes, ese documento inicial nunca fue presentado formalmente.
La única constancia oficial arrimada por la legisladora fue la declaración anual correspondiente al ejercicio de 2023. En dicho trámite, la conocida cosplayer y troll de redes aseguró bajo juramento que no poseía bienes, deudas ni gastos personales, fijando formalmente su patrimonio neto en “cero pesos”.
No obstante, los registros públicos del sistema financiero contradicen de manera taxativa la versión de la diputada. Según datos oficiales extraídos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 31 de diciembre de 2023 Lemoine registraba una deuda consolidada de 502 mil pesos distribuida en cuatro entidades financieras distintas.
Entre los compromisos financieros ocultados destacaba una deuda con Tarjeta Cencosud catalogada en “situación 4”, una categoría regulatoria que define un atraso severo e importante en el cumplimiento de los pagos. Asimismo, figuraban deudas con el Banco Ciudad y créditos asociados a la firma Mercado Libre. Si bien Pérez Ernst aclaró que Lemoine canceló dichos pasivos tras comenzar a percibir sus haberes como legisladora nacional, remarcó que esto no la eximía en absoluto de su obligación legal de transparentar cuál era su verdadera situación patrimonial al momento de asumir la representación pública.
El patrimonio inmobiliario es otro de los flancos débiles de la presentación judicial. Los denunciantes sostienen firmemente que la diputada omitió incorporar la vivienda donde reside actualmente, una propiedad que heredó de su madre. En reiteradas oportunidades, Lemoine argumentó de manera pública que no incluyó dicha finca debido a que el proceso judicial de la sucesión aún no se encuentra formalmente concluido.
Al tratarse de una hija única, los derechos sucesorios se transmiten de manera automática desde el momento del fallecimiento, por lo cual la cuota parte o el derecho sobre el inmueble debió formar parte del balance declarado.
Para complejizar aún más el panorama, un testigo de identidad reservada aportó datos a la causa sobre la presunta existencia de otros inmuebles vinculados a la legisladora en las localidades de Belgrano e Ituzaingó, información que actualmente se encuentra bajo secreto y en vías de corroboración por parte de los peritos judiciales.
El segundo frente judicial, quizás el más sensible desde la óptica del derecho penal económico, se originó de manera paradójica a raíz de las propias declaraciones de Lemoine en una entrevista periodística. Allí, la diputada reconoció abiertamente que los honorarios profesionales de su abogado penalista particular estaban siendo cubiertos a través de un contrato de asesor asignado formalmente a la plantilla de la Cámara de Diputados de la Nación.
Esta segunda causa recayó en el juzgado federal liderado por el juez Ariel Lijo, quien ya ordenó las primeras medidas de prueba y citó formalmente a los denunciantes para ratificar el escrito. La investigación criminal apunta a determinar si se configuraron los delitos de malversación de caudales públicos o exacciones ilegales, al desviar recursos presupuestarios del Poder Legislativo para fines de índole estrictamente particular. Versiones de pasillo del Congreso indican que, tras la filtración y el escándalo judicial, el letrado habría renunciado a la defensa de la diputada y formalizado su salida del cuerpo de asesores, aunque la notificación formal aún no ha impactado en los registros administrativos de la Cámara Baja.
