Las empresas de colectivos del AMBA se declararon en emergencia y podrían bajar la frecuencia
Las cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se declararon en emergencia debido al incremento del precio del gasoil y de otros costos operativos, por lo que advirtieron que podrían volver a bajar la frecuencia en la circulación. Además, confirmaron que el jueves se reunirán con el Gobierno.
En un comunicado, las cámaras empresarias alertaron por la situación del sector, debido a los gastos de funcionamiento: «Las Cámaras Empresarias representativas del transporte público automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires informan que, habiendo transcurrido un plazo más que razonable desde la implementación de medidas de racionalización de los servicios, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado Nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de los costos operativos».
«Esta falta de respuestas se verifica pese a los esfuerzos realizados, tanto por las autoridades en avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones, (a la fecha se adeudan más de 128 mil millones de pesos) como por el propio sector empresario, que ha sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo», agregaron en esta línea.
En tal sentido, alertaron por la falta de respuestas al conflicto: «Asimismo, se han llevado adelante múltiples instancias de diálogo en las que no solo se expuso la gravedad de la situación, sino que también se acercaron propuestas concretas orientadas a eficientizar el sistema, sin que hasta el momento se hayan traducido en soluciones efectivas. En este contexto, el sector se declara en estado de emergencia, ante la persistente indefinición respecto de la cobertura de costos esenciales para la prestación del servicio».
En tanto, las cámaras empresarias confirmaron que el jueves se desarrollará una nueva reunión con el Gobierno. «Se ha convocado a una reunión para el próximo 30 de abril en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación, en la cual las Cámaras esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad», señalaron.
En este marco, advirtieron que podrían reducir las frecuencias: «Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación».
«Las Cámaras empresarias consideran imprescindible que se adopten decisiones urgentes que permitan restablecer condiciones mínimas de previsibilidad y funcionamiento para un sistema esencial para millones de usuarios», concluyeron.
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA registró una fuerte caída en la oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El nivel operativo regular descendió un 30% en promedio en toda la región, pero esta baja resultó más pronunciada en los servicios interjurisdiccionales a cargo de Nación y Provincia, donde el recorte alcanzó el 40%.
Los especialistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo señalaron el incremento del combustible como el motivo principal de la contracción. El informe indicó que el conflicto bélico en Irán afectó de forma directa los costos del sector. Además, la flota operativa de marzo de 2026 cuenta con 2.359 unidades menos que en el año 2019.
La discusión de fondo es de orden fiscal y supone una inyección de subsidios adicionales por $17.500 millones mensuales. Los aportes actuales se calcularon con un valor del combustible de $1.744, pero el precio de mercado superó los $2.100. Si los usuarios absorben este costo, la tarifa requerirá una suba extra del 16%.
El financiamiento del transporte se reparte entre diversas jurisdicciones desde 2019. El Estado Nacional debe aportar $7.595 millones y la Provincia de Buenos Aires asume otros $8.155 millones. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe sumar $1.750 millones para el sostenimiento del sistema.
