La decisión de una jueza bonaerense de suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto político. La Libertad Avanza anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada, a quien acusa de haberse excedido en sus atribuciones.

La medida apunta contra la jueza Julieta Makintach, quien resolvió frenar de manera cautelar la aplicación de la normativa impulsada por el gobierno de Axel Kicillof. La magistrada había argumentado que la nueva ley podía generar problemas y cuestionó que su implementación fuera a traducirse necesariamente en una mejora de la seguridad.

“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, había advertido la jueza al defender públicamente su decisión. También sostuvo que la discusión sobre la responsabilidad penal de los menores no podía reducirse únicamente a un endurecimiento de las sanciones y planteó la necesidad de analizar las políticas destinadas a prevenir el delito.

Desde La Libertad Avanza reaccionaron con dureza y consideraron que la suspensión representa una intromisión de la Justicia sobre las decisiones adoptadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por ese motivo, el espacio libertario buscará avanzar con un pedido de juicio político contra la magistrada.

La ofensiva política se produce después de que la Justicia suspendiera durante dos meses la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil. La medida cautelar abrió un fuerte debate sobre los alcances de la normativa y sobre la posibilidad de que los jueces intervengan para frenar su aplicación.

El conflicto también vuelve a poner en el centro de la escena la discusión por la edad de imputabilidad y las políticas de seguridad. Mientras sectores del oficialismo y la oposición reclaman medidas más duras frente a los delitos cometidos por menores, otros espacios advierten que el endurecimiento de las penas no resuelve por sí solo los problemas estructurales que atraviesan niños y adolescentes.

Ahora, el anuncio de La Libertad Avanza suma un nuevo capítulo a la disputa. El pedido de juicio político deberá atravesar los mecanismos institucionales correspondientes, mientras continúa vigente la suspensión judicial que frenó temporalmente la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.