El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 resolvió hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, ordenando al Estado Nacional a abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del Decreto 461/2025, que ordenaba la disolución del organismo.

El Poder Ejecutivo debe suspender medidas como “traslados, cesantías, pases a disponibilidad, reubicaciones o cualquier supresión de estructuras que afecten a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), protegiendo así la estabilidad laboral de las y los trabajadores del organismo”.

La resolución judicial reconoce el carácter autárquico de la DNV y la vigencia plena de los Convenios Colectivos de Trabajo N.º 874/07 “E” y N.º 827/06 “E”, destacando que cualquier modificación unilateral de las condiciones laborales constituye una violación a los derechos protegidos por nuestra Constitución y los convenios internacionales de la OIT con jerarquía constitucional (87, 98 y 151).

Hace 10 días, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno de Javier Milei ordenaba cerrar Vialidad Nacional.

“Este organismo se inventó para simplificar la corrupción, les queremos comunicar que el presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional”, describió el funcionario, quien aclaró que la decisión “se da en el marco de las facultades delegadas, incluidas en la Ley Bases, promulgada hace un año”.

Con esta resolución de la gestión libertaria, también serían suprimidas la Comisión Nacional del Tránsito y la de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Habrá una reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y, según las palabras de Adorni, “pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte”.