El juez federal Sebastián Casanello redobló la apuesta en la investigación por presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A pedido del fiscal Franco Picardi, el magistrado prorrogó por diez días el secreto de sumario, una medida que mantiene a los imputados a oscuras y sin acceso a la causa.

La decisión se tomó en el marco de una investigación que sacude los cimientos del Gobierno y que, según audios filtrados, salpicaría directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La causa se inició tras la difusión de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS. En las grabaciones, Spagnuolo hace referencia a supuestos “retornos” o coimas exigidas por laboratorios a la secretaria presidencial, Karina Milei, a través de la droguería Suizo Argentina. Esta revelación encendió todas las alarmas en el ámbito judicial y político.

En los últimos días, la investigación de Picardi avanzó a paso firme con una serie de allanamientos en las oficinas de la ANDIS y en los domicilios de los principales acusados. Entre ellos se encuentran los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería, Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex funcionario del organismo, a quien Spagnuolo menciona en los audios como el encargado de “manejar la caja”. Casanello, además, ordenó el secuestro de los celulares de los investigados y les prohibió la salida del país.

En una arista sorprendente del caso, Casanello también procesó a Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del exclusivo barrio privado Nordelta, por presunta obstrucción de la Justicia. Se lo acusa de haber demorado el ingreso de la Policía al complejo para dar tiempo a los hermanos Kovalivker a escapar durante los allanamientos.

Mientras la investigación avanza bajo un estricto hermetismo, Casanello aceptó a la ONG Poder Ciudadano como querellante en la causa. La organización, que lleva tres décadas de lucha contra la corrupción, argumentó que los hechos investigados “resultan comprensivos de los intereses colectivos” que representan. Con este paso, Poder Ciudadano tendrá acceso al expediente y podrá impulsar su propia acusación, sumándose a la del fiscal Picardi.

A pesar de los avances, la causa sigue bajo secreto y, según fuentes judiciales, aún no hay imputaciones formales. Por ahora, la investigación se centra en el análisis de los teléfonos incautados, la documentación secuestrada y la verificación de las compras que el Estado le hizo a la droguería investigada.