La Justicia le puso una multa diaria al Gobierno por incumplir la ley universitaria
A horas de una nueva Marcha Federal Universitaria, la Justicia volvió a poner en aprietos al gobierno de Javier Milei. El juez federal Martín Cormick dispuso una multa de 100.000 pesos por cada día de incumplimiento para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no acatar la resolución que obliga al Estado a actualizar los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La sanción, conocida como astreintes, busca presionar a los funcionarios para que cumplan una orden judicial. La medida responde al incumplimiento de una cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial.
El Gobierno apela y el conflicto sigue
La decisión llega después de que el Ejecutivo apelara el fallo que declaró inconstitucional el decreto 759/2025, mediante el cual había condicionado la aplicación de la ley a la definición de las fuentes de financiamiento. El Gobierno sostiene que la ejecución de esos gastos compromete el equilibrio fiscal y cuestiona la decisión judicial.
Sin embargo, la apelación no elimina la obligación de cumplir la cautelar vigente sobre salarios y becas. La disputa ahora debe ser revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras las universidades siguen reclamando que se respeten los recursos establecidos por ley.
El conflicto expone la tensión entre una norma aprobada por el Congreso y la decisión del Ejecutivo de postergar su aplicación. La Justicia ya intervino en varias oportunidades, pero los fondos y la recomposición salarial siguen en el centro de la disputa.
Marcha federal en defensa de la universidad pública
Este jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias vuelven a movilizarse en la quinta Marcha Federal Universitaria. La convocatoria central es frente al Congreso, con manifestaciones en distintas ciudades del país.
La marcha busca exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las dificultades presupuestarias y el deterioro de las condiciones de funcionamiento de las casas de estudio.
La nueva sanción judicial suma presión sobre la Casa Rosada: además de enfrentar el reclamo de la comunidad universitaria y una ley ratificada por el Congreso, ahora tiene una multa diaria vinculada al incumplimiento de una orden judicial.
