La comisión investigadora del fentanilo contaminado reclamó más controles del Estado
La comisión investigadora del fentanilo contaminado, que ya causó al menos 173 muertes, concluyó este martes en el marco de la Cámara de Diputados. El cuerpo parlamentario dejó una serie de recomendaciones para futuras leyes para el sistema sanitario, alertó sobre las fallas en materia de control estatal y volvió a exigir explicaciones públicas por parte de funcionarios del gobierno de Javier Milei, que no se presentaron ante el Congreso.
En las conclusiones la comisión evitó señalar explícitamente al Gobierno, así como buscó construir un documento consensuado entre las distintas partes que estuvieron al frente de la comisión. El cuerpo lo presidió la diputada por el socialismo Mónica Fein, junto con la bullrichista Silvana Giudici y la peronista Victoria Tolosa Paz.
“Queremos que cambie para siempre el sistema de control y de producción de medicamentos, el sistema de clínicas y hospitales, el acompañamiento para víctimas, y que cambie para siempre el rol del Estado”, afirmó Fein.
“Esto le pasó al Estado nacional, sin mayor o menor culpa de cuál sector”, dijo Giudici al presentar el documento que reúne más de 4.000 fojas. “Fallaron los controles y los mecanismos de asistencia a las víctimas”, señaló la diputada que ahora saltó del PRO a La Libertad Avanza. Por eso la comisión exigió que se cambie el sistema de salud público “para que cada vez que haya una víctima haya un Estado que pueda darle respuesta”.
“Seguimos reclamando la presencia de los funcionarios nacionales”, planteó por su parte Tolosa Paz, que fue ministra de Desarrollo Social de Alberto Fernández. La legisladora habló de “la masacre del fentanilo” y aseguró que hubo “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
Hasta la semana pasada la comisión esperó la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones, hombre de confianza de Santiago Caputo y a quien se le conoce poco la voz en público. El funcionario nunca dio explicaciones al respecto. También se ausentó en la comisión la titular del ANMAT, Agustina Bisio.
En poco más de dos meses la comisión realizó 10 reuniones, a las que asistieron médicos del Hospital Italiano de La Plata, especialistas (biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios) y el Observatorio de Víctimas de Delitos. En todos los encuentros estuvieron presentes familiares de víctimas.
Además, el 3 de noviembre se realizó una reunión en el Consejo Municipal de Rosario con familias de esa localidad; y, en tanto, una comitiva se reunió con el juez federal de La Plata Ernesto Krepak, que lleva adelante la causa, y quien también se presentó ante la comisión en el Congreso el pasado 19 de noviembre.
En una de las reuniones que se llevaron a cabo, los familiares de víctimas presentaron un conjunto de propuestas que son parte, junto a consideraciones de los legisladores, del contenido final del informe.
Entre ellas, reclaman por una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, garantizando auditoría pública y judicial; y estudiar modelos internacionales para que no haya violación dentro de los controles cruzados.
También, la digitalización y centralización de la información sanitaria; garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados; crear un sistema nacional de alerta y notificación inmediata; incorporar sanciones específicas para los establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información; y fortalecimiento de la ANMAT y control de la industria farmacéutica; entre otras.
La semana pasada, en el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, la Policía Federal realizó una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, donde se incautaron más de 82 mil ampollas de fentanilo alterado.
Además, la investigación que lleva adelante el juez Kreplak incorporó una pieza clave: el informe realizado por el Cuerpo Médico Forense. El estudio analizó 40 historias clínicas de personas fallecidas –una muestra dentro de un total de 173 muertes que se investigan– y delineó un panorama contundente. En 38 de esos casos, los peritos identificaron infecciones bacterianas asociadas al anestésico adulterado fabricado por Laboratorios Ramallo SA y producido por HLB Pharma Group SA, cuya utilización la ANMAT había prohibido siete meses antes.
