Además, planteó que una eventual política sobre atención médica a extranjeros debería discutirse entre las autoridades sanitarias de todo el país, ya que las reglas pueden variar según la jurisdicción. “Podríamos sentarnos en el COFES a discutir qué hacemos con la atención para los extranjeros”, señaló durante la entrevista.

Kreplak también cuestionó la relevancia que el Gobierno le asigna a la atención de extranjeros dentro del sistema sanitario y planteó que el debate debería contemplar cuál es su incidencia real sobre los hospitales públicos. En ese sentido, sostuvo que el impacto de esta población sobre las prestaciones resulta mucho menor al que plantea el discurso oficial.

“Para los extranjeros no residentes, la atención en los hospitales en la provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior, en el norte, en cualquier lado, siempre es menos del 1%”, aseguró.

La reglamentación establece un procedimiento para recuperar los costos de las prestaciones otorgadas a extranjeros que no tengan residencia permanente. Quienes cuenten con seguro médico podrán utilizar esa cobertura, mientras que las personas sin cobertura deberán afrontar el valor correspondiente de la atención recibida.

Los residentes permanentes mantienen el mismo acceso al sistema sanitario nacional que los argentinos y deberán acreditar su condición mediante el DNI. La normativa, además, establece que las emergencias continuarán garantizadas para cualquier persona, sin importar su situación migratoria.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y surge del DNU 366/2025 firmado por Javier Milei, que modificó distintos aspectos del régimen migratorio. Ahora, cada establecimiento sanitario deberá implementar su propio mecanismo operativo para aplicar la recuperación de costos.

La reglamentación sanitaria se suma a otras modificaciones impulsadas por el Gobierno sobre las condiciones para permanecer en el país. A través del DNU 681/2026, el Ejecutivo incorporó nuevas causales para rechazar ingresos o disponer expulsiones de extranjeros ante determinadas conductas.

Entre ellas aparecen los denominados “mensajes de odio” contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos vinculados con la nacionalidad, además de actos de ultraje contra símbolos patrios. La amplitud de estos conceptos generó diversas advertencias de especialistas por su posible impacto sobre la libertad de expresión.

En paralelo, la reforma migratoria de 2025 ya había incorporado restricciones para determinados extranjeros con antecedentes penales, ingresos por pasos no habilitados y condenas por delitos cometidos en Argentina. El Gobierno sostiene que las modificaciones buscan establecer mayores controles sobre quienes ingresan y permanecen en el territorio nacional.