La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta el pasado 20 de enero por el Gobierno de Javier Milei —bajo la excusa de supuestas irregularidades financieras y estructurales— continúa generando esquemas de opacidad y tensión política, en un nuevo escándalo político.

La periodista Felicitas Bonavitta expuso cómo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación se apropió de una terminal clave mientras el Ejecutivo federal administra una caja anual estimada en 22.000 millones de pesos que le pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

“El Gobierno nacional, que les revolea a las provincias que se hagan cargo de su Salud, su Educación, sus rutas, en este caso se manotea un puerto que es de una provincia”, disparó Bonavitta al analizar el impacto de la medida sobre la soberanía económica fueguina.

Ubicado de forma estratégica sobre el Canal de Beagle y a 700 kilómetros de las Islas Malvinas, el enclave marítimo representa la puerta de ingreso fundamental a la Antártida y un paso bioceánico que recibe 700 buques y unos 250.000 turistas al año.

El drama social se desató tras el desembarco del interventor Fernando Ariel Polici —cuestionado por sus antecedentes en el PAMI fueguino— y del director nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, vinculado al grupo Mirgor. Actualmente, 140 trabajadores continúan desplazados de sus puestos a la espera de un fallo judicial.

El cronista local Guillermo Worman (Diario del Fin del Mundo) relató los métodos de la toma. “La Prefectura impidió el ingreso de las autoridades provinciales al puerto y de los trabajadores. Solamente un grupo de 16 trabajadores, en complicidad con el Gobierno, pudieron ingresar. Y sigue así hasta hoy”, indicó.

Un operario afectado sintetizó la angustia del sector al denunciar haber sido expulsado por las fuerzas de seguridad “como si fuera una basura”.

En paralelo, la investigación puso bajo la lupa escandalosas irregularidades en las adjudicaciones: se detectaron contrataciones con saltos presupuestarios injustificados, tal es el caso del servicio de limpieza portuaria, que pasó de 6,5 millones a 563 millones de pesos en apenas un semestre.

Apenas seis días después de concretada la intervención federal, un avión militar de los Estados Unidos con una delegación de congresistas aterrizó en la ciudad austral, encendiendo alertas sobre acuerdos bilaterales orientados a otorgar control logístico norteamericano en el paso interoceánico.

Hy intereses comerciales que orbitan en torno a la centralización del puerto, proyectos de empresarios cercanos al poder central como Nicolás Caputo y Gustavo Elías, mientras el gobierno provincial agota las vías legales para revertir la usurpación administrativa de su principal activo logístico.